Pro Consumidor y empresas de cobranza: ¡cumple la ley!

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) han firmado un acuerdo significativo con el objetivo de fortalecer las prácticas en la gestión de cobro, tanto compulsivo como judicial. Esta alianza busca asegurar que dichos procesos se lleven a cabo dentro del marco legal, siempre respetando los derechos de los ciudadanos involucrados.

El acuerdo, que involucra a las empresas dedicadas a la cobranza agrupadas en COB-RD, establece compromisos importantes. En primer lugar, se prohíbe la realización de procesos de cobranza a personas que no tengan responsabilidad sobre la deuda reclamada. Además, se prohíbe la práctica de llamadas insistentes, una de las principales quejas de los consumidores.

Durante la firma del convenio, realizada el martes en la sede de Pro Consumidor, el director ejecutivo Eddy Alcántara enfatizó la necesidad de establecer reglas claras para la gestión de cobro. Esto permitirá que las personas con obligaciones financieras sean contactadas de acuerdo con la normativa, sin afectar a aquellos que no están involucrados en los compromisos.

Alcántara también subrayó que las empresas de cobranza deben operar dentro de las leyes vigentes en la República Dominicana, actuando sin transgredir las facultades legales que tienen, pero siempre respetando la dignidad de las personas deudoras.

El propósito de este acuerdo es eliminar las prácticas que han generado molestias entre los consumidores, avanzando hacia un modelo de cobranza que proteja los derechos tanto de los acreedores como de los deudores, evitando involucrar a terceros ajenos a las deudas.

Además, las oficinas de intermediación financiera se comprometieron a asegurar que los embargos retentivos se realicen conforme a los procedimientos establecidos por la ley, limitando el número de embargos realizados en un mismo acto a un máximo de diez personas deudoras. Esto busca asegurar que los procesos sean justos y ordenados.

Pro Consumidor ha dejado claro su interés por que los embargos sean tramitados de manera individual, haciendo un llamado a las compañías del sector para que implementen este criterio en sus políticas internas. COB-RD ha acogido esta recomendación y se propone evaluar su aplicación en sus prácticas.

El convenio también incluye la creación de guías de buenas prácticas y protocolos que fomenten cobranzas responsables y humanizadas, las cuales podrán ser adoptadas de manera voluntaria por entidades involucradas en el crédito y la cobranza.

Pro Consumidor y COB-RD se han comprometido a desarrollar programas de capacitación para el personal en gestión de cobro y atención al cliente. Estas iniciativas también abarcan el uso de tecnología innovadora para mejorar la gestión de casos y asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas.

Además, se realizarán campañas de educación dirigidas a consumidores y proveedores, con el propósito de promover una cultura de pago responsable y una cobranza ética.

Como parte de sus esfuerzos, se ha establecido que el uso de tecnologías como mensajería instantánea, correos electrónicos y llamadas automatizadas se alinee con la normativa de protección al consumidor existente. Esto incluye una apertura para el diálogo, permitiendo a los deudores exponer su situación y proponer alternativas de pago.

Para garantizar el seguimiento a los compromisos adquiridos, se formará una Mesa Técnica compuesta por representantes de ambas entidades. Este organismo se encargará de supervisar la implementación del acuerdo, proponer mejoras y divulgar buenas prácticas en el sector.

Fortaleciendo la Cobranza Responsable en República Dominicana

  • Pro Consumidor y COB-RD establecen un acuerdo para regular las prácticas de cobranza.
  • Se prohíbe el acoso a deudores no responsables y se limitan los embargos.
  • Se promoverán guías de buenas prácticas y capacitaciones en el sector.
  • Se creará una Mesa Técnica para supervisar la implementación del acuerdo.

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