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El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para dos hombres implicados en un alarmante caso de maltrato físico y psicológico, así como en la explotación laboral de varios niños, niñas y adolescentes. Las acusaciones se centran en actividades que se llevaban a cabo en un local asociado con la Fundación Restaurando Vida, conocida popularmente como “Un Muerto que Revive”, situada en Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal.
Los acusados, identificados como Ángel Gabriel Capellán, conocido como «el Pastor» o «Capellán», e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, enfrentan cargos graves que serán evaluados en una audiencia programada para este jueves 3 de septiembre de 2026 en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
La solicitud fue realizada por Yoanna Bejarán, quien lidera la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto con las fiscales Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero. Esta colaboración busca abordar el severo contexto de explotación y violencia infantil en la región.
Según el informe del Ministerio Público, la operación que llevó a la captura de los sospechosos se llevó a cabo entre el 29 y el 30 de agosto, incluyendo allanamientos simultáneos en las áreas de La Pared y El Carril en Bajos de Haina. A través de esta intervención, se logró rescatar a 13 menores, cuyas edades oscilan entre cuatro meses y 13 años, y que se encontraban en condiciones criticas de abuso físico y emocional.
El lugar operaba aparentemente como una fundación y como un espacio religioso en propiedades que ocultaban su verdadera naturaleza. La intervención fue una acción conjunta de varias entidades, incluida la Fiscalía de San Cristóbal y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia.
Descubrimiento tras la fuga de un menor
La investigación inició cuando uno de los menores logró escapar y alertó a las autoridades sobre las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos. Este aviso propició una rápida respuesta institucional que resultó en la obtención de órdenes de arresto contra Capellán y Muñoz Rodríguez.
El menor que realizó la denuncia fue sometido a una evaluación médico-legal, que reveló múltiples lesiones en varias partes de su cuerpo, incluyendo quemaduras de segundo grado. Además, un análisis psicológico determinó que el niño estaba obligado a trabajar en construcción y no asistía a la escuela, lo que representa un grave indicador del tipo de abuso que sufría.
Traslado de menores para evadir la justicia
Como resultado de la investigación, se identificó a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien, tras enterarse del arresto de Capellán, trasladó a varios menores a otra vivienda en el sector El Carril. Este movimiento se realizó en un Toyota Corolla CE, año 1994, color beige, lo que incrementa la preocupación sobre el intento de ocultar evidencias durante el procedimiento de rescate.
En las viviendas registradas, las autoridades encontraron pertenencias de los menores, que incluían ropa, cuadernos, y otros artículos personales, así como documentos ajenos a la fundación, indicando una organización más amplia detrás de estos abusos.
Finalmente, el Ministerio Público aclaró que la Fundación Restaurando Vida no tenía autorización legal para operar como hogar de acogida, y todas las actividades relacionadas con la recepción de donaciones estaban en violación de las normativas vigentes.
Nuevo enfoque sobre el caso de explotación infantil
- Se solicitaron medidas de prisión preventiva para los acusados por maltrato infantil.
- Se rescataron 13 menores en condiciones alarmantes de abuso.
- La denuncia inicial de un menor fue clave para la intervención de las autoridades.
- La fundación en cuestión operaba sin la debida autorización legal.
