El pasado 02 de septiembre, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 615-26, con el objetivo de declarar de “alto interés nacional y prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental”. Este decreto abarca la protección de los parques nacionales y recursos críticos, acompañado de una “persecución penal implacable” dirigida tanto a dominicanos como a extranjeros. Sin embargo, surge una interrogante: ¿qué tan efectiva puede ser la protección de un recurso estratégico en un país que aún carece de una legislación integral y actualizada sobre el agua?
La República Dominicana sigue a la espera de la aprobación de la Ley número 5852, que regula el dominio de aguas terrestres y la distribución de aguas públicas. Este borrador lleva años en discusión y busca actualizar un sistema legal de más de 60 años que no responde a las realidades económicas y climáticas actuales.
El decreto es oportuno, pero carece de un enfoque vital: la gobernanza del agua. En 2020, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que de 405 millones de galones de agua diarios, se pierde el 60%. La situación no ha mejorado. El economista Andrés (Andy) Dauhajre, en un reciente reportaje, destacó que la escasez de agua no se debe a la baja capacidad de producción, sino a las enormes pérdidas en la distribución. Esto viene a la luz especialmente con el proyecto del Programa de Seguridad Hídrica del Embalse Hatillo, cuyo costo estimado es de 750 millones de dólares, más de 44 mil millones de pesos dominicanos.
En junio anterior, Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), también reconoció la necesidad urgente de una Ley de Agua, subrayando la ineficiencia de tener alrededor de 18 instituciones responsables del agua en la República Dominicana.
En este contexto, ¿cómo puede el gobierno declarar «guerra» al terrorismo ambiental si no tiene capacidad para identificar fugas de agua, conexiones ilegales o la contaminación de fuentes hídricas? Nos enfrentamos a una contradicción: se busca desarrollar respuestas al daño ambiental mientras que la gestión del agua sigue siendo ineficaz y obsoleta.
El problema del agua es cotidiano en el país. Muchas comunidades enfrentan suministro irregular, contaminación de ríos, extracción indiscriminada de recursos naturales y desafíos en el saneamiento. Aunque se reconocen los esfuerzos del Gobierno por desarrollar infraestructuras hídricas, la gobernanza del recurso vital no avanza con el mismo vigor.
A nivel global, los desafíos por el estrés climático aumentan, exacerbados por fenómenos como El Niño, que podría traer sequías extremas a Centroamérica y el Caribe hasta febrero de 2027, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Pacto dominicano por el Agua
En agosto de 2023, el Gobierno presentó el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036, que requeriría una inversión superior a 8.000 millones de dólares. El presidente Luis Abinader destacó la necesidad de acciones inmediatas a todos los niveles de la sociedad. Este pacto compromete a diversas entidades en **38 acciones** para asegurar la gestión y preservación del agua en el país. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué no se ha aprobado la Ley de Aguas?
Planes y pactos
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ha presentado un Plan Hidrológico Nacional, cuyo objetivo es promover la gestión sostenible del agua. A esto se suman diversos proyectos, incluyendo:
- Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036
- Plan Hidrológico Nacional
- Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Hídricos
- Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua en Moca-Gaspar Hernández
En conclusión, la situación actual no se centra en la falta de inversión, sino en la frágil gobernanza del agua y la falta de claridad en la regulación. La inversión es elevada, pero muchas comunidades aún esperan el acceso al agua. A pesar de una vasta cantidad de instituciones, la gestión ha sido históricamente fragmentada, con la necesidad constante de nuevas infraestructuras para enfrentar la creciente demanda y las sequías.
Desafíos sobre la Gestión del Agua en República Dominicana
- Decreto 615-26 para combatir el terrorismo ambiental.
- Fugas de agua representan el 60% de las pérdidas diarias.
- Necesidad urgente de legislar sobre el agua.
- Iniciativas y pactos no se traducen en acciones concretas.
