Caso Senasa I Foto: fuente externa
En un desarrollo significativo de la Operación Cobra 2.0-A, diez de las veintiséis personas arrestadas han reconocido su participación en un presunto esquema de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La procuradora de corte, Mirna Ortiz, quien lidera la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), confirmó la noticia tras la presentación de un recurso ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en el Distrito Nacional.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados fue argumentada en la fuerza de las pruebas recopiladas. Ortiz expresó que los confesos «han estado de acuerdo con los hechos». Esta admisión refuerza las afirmaciones del Ministerio Público sobre el caso.
Durante la audiencia, el procurador adjunto, Wilson Camacho, presentó una sólida base de evidencias que justifica la prisión preventiva. El Ministerio Público también ha solicitado que el caso sea tratado como un proceso complejo, dado el número considerable de implicados, hechos y víctimas.
El juez Rigoberto Sena decidió que la solicitud se formalice, y tras horas de audiencia, aplazó la deliberación para el 24 de septiembre de 2026. Entre los implicados se encuentran médicos y otros profesionales asociados a SeNaSa.
En total, el Ministerio Público ha presentado 483 elementos de prueba, que incluyen documentos y evidencias materiales que sustentan su acusación. La procuradora Ortiz hizo hincapié en que los derechos fundamentales de los ciudadanos beneficiados por SeNaSa se han visto vulnerados, enfatizando que no es solo un asunto de dinero, sino de la salud de la población.
Además, el Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es crucial para continuar la investigación y asegurar la integridad de las víctimas y testigos que podrían aportar nuevos elementos al caso.
Desarrollo del proceso judicial relacionado
Esta operación es la continuación de investigaciones anteriores que se originaron con la Operación Cobra, la cual ya había llevado a arrestos significativos, incluyendo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y otros nueve implicados.
Estos casos iniciales están marcados por diversos delitos que incluyen coalición de funcionarios y lavado de activos. Los fiscales están convencidos de que se trata de un esquema de corrupción arraigado en la dirección de SeNaSa, incluyendo a funcionarios y proveedores de salud.
Además, el Ministerio Público ha estado en la búsqueda de conexiones adicionales, como evidenciado por la Operación Onco14, enfocada en el impacto a instituciones dedicadas al tratamiento del cáncer y a los pacientes involucrados.
Los arrestados en esta operación permanecen bajo medidas dictadas por la corte, mientras las investigaciones continúan para desmantelar por completo este entramado de corrupción.
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción
- Diez imputados han reconocido su participación en el esquema corrupto.
- El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 arrestados.
- Se presentan 483 elementos de prueba para sustentar las acusaciones.
- El caso se clasifica como de tramitación compleja, involucrando múltiples víctimas y presuntos criminales.
