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La vicepresidenta Raquel Peña, en calidad de encargada del Poder Ejecutivo, ha tomado la decisión de extraditar a Estados Unidos a tres ciudadanos dominicanos. Estos individuos enfrentan serias acusaciones de delitos, incluidos narcotráfico, asesinato, agresión, posesión ilegal de armas y fraude electrónico.
Estos procedimientos están formalizados en los decretos 716-26, 717-26 y 718-26, los cuales garantizan que las extradiciones se realicen bajo las condiciones estipuladas en el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y Estados Unidos, ratificado en 2016.
A través del Decreto 716-26, se autorizó la extradición de Darío Bautista, quien es requerido por una acusación formal presentada el 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Bautista enfrenta cargos de asociación delictuosa para introducir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.
Por su parte, el Decreto 717-26 establece la extradición de Ramón Joaquín Romero Bastardo, buscado por una acusación formal registrada el 29 de octubre de 2024. Esta denuncia, que está vinculada al expediente IND-74900-24, fue presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx. Los cargos incluyen asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, y varios delitos de agresión y posesión de armas.
Finalmente, el Decreto 718-26 se refiere a Luis Arismendy Paca Méndez, cuya extradición se basa en una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por presunta asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
Estos decretos subrayan el compromiso de las autoridades dominicanas de cumplir con las garantías obligatorias del acuerdo bilateral vigente entre ambos países, asegurando que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente.
Extradición de ciudadanos dominicanos a EE.UU.
- La vicepresidenta Raquel Peña autoriza extradiciones por delitos graves.
- Se formalizan tres decretos que garantizan el cumplimiento del Tratado de Extradición.
- Los acusados enfrentan cargos de narcotráfico, asesinato y fraude electrónico.
- Las extradiciones se llevarán a cabo bajo garantías del acuerdo bilateral.
