En el limbo: ¿Qué nos espera?

PUNTA CANA. En la Junta Municipal Verón-Punta Cana, las resoluciones municipales se generan en un ambiente donde cada vocal tiene voz activa y se levantan manos en apoyo a la mayoría de las decisiones. Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿qué seguimiento se otorga a estas decisiones y quién es responsable cuando no se cumplen?

Los vocales expresan su preocupación por la falta de acción política y la ausencia de medidas efectivas para abordar problemas que repercuten en las comunidades. El director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), argumenta que es necesario llevar a cabo estudios técnicos, coordinar con diversas instituciones y considerar la viabilidad presupuestaria antes de implementar ciertos cambios.

Las resoluciones aprobadas por la Junta de Vocales entre 2024 y 2026 abordan problemas críticos como el tránsito, la identificación de calles, la regulación de actividades en espacios públicos y la construcción de obras municipales necesarias.

Medidas de tránsito y circulación

Una de las resoluciones destacadas es la Resolución 122-2024, fechada el 9 de abril de 2024. Esta establece modificaciones en la circulación de la avenida España y la calle Don Elpidio, y aborda la numeración de calles en Hoyo de Friusa, Altos de Friusa y áreas circundantes.

Asimismo, la resolución determina horarios específicos para la carga y descarga de mercancías en las avenidas Punta Cana, Barceló, España, Estados Unidos y Alemania. Estos horarios son de lunes a viernes entre las 10:00 y las 11:30 de la mañana, y de 2:00 a 4:00 de la tarde; los sábados, de 9:00 de la mañana a mediodía, mientras que los domingos se prohiben estas actividades.

Adicionalmente, la Resolución 123-2024 impone restricciones sobre la circulación de camiones de construcción en las mencionadas avenidas a menos que cuenten con una carta de ruta emitida por la Junta Distrital.

Uridy Marte, presidente de la Junta de Vocales, ha señalado que algunas iniciativas sobre tránsito, como la prohibición de estacionamiento en puntos críticos y el flujo en una sola dirección en calles angostas o congestionadas, no resultan en medidas concretas, a pesar del clamor de los habitantes.

El director Ramírez de la Rosa argumenta que ciertas decisiones sobre tráfico requieren estudios técnicos y coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para determinar su viabilidad antes de su ejecución.

Calles y espacios públicos

La Resolución 186-2026 aborda regulaciones para el transporte de materiales de construcción, estableciendo sanciones por su depósito en las vías públicas. El vocal Dionicio López ha expresado su preocupación por el impacto negativo de estos materiales en el drenaje, especialmente durante episodios de lluvia.

Además, la Resolución 137-2024 autoriza la asignación de nombres a calles en el sector Campo Verde. La Resolución 146-2024, aprobada el 11 de diciembre de ese mismo año, designa una calle en honor a Teófilo Martínez Álvarez, conocido como Chavonero.

Otra medida importante es la Resolución 178-2026, del 25 de marzo de 2026, que asigna nombres como Bahía, Tortuga, Perla Blanca y Sirena a cuatro calles en el Ensanche Punta Cana.

Marte ha indicado que varias de estas resoluciones relacionadas con la nomenclatura de calles han permanecido sin aplicar, a pesar de que se han asignado recursos para su implementación. Esta falta de ejecución tiene un impacto directo en la organización territorial y obstaculiza que los residentes cuenten con direcciones bien definidas.

La Resolución 135-2024 prohíbe la actividad de limpiavidrios en espacios públicos y en semáforos, otorgando al director distrital la facultad de establecer las normas correspondientes.

La vocal Marcelle Flores ha mencionado que muchas medidas aprobadas no se concretan, incluida la instalación de señales de tránsito, con la falta de recursos frecuentemente citada como una de las barreras para la ejecución.

Motoconchos y solares abandonados

La Resolución 164-2025, del 1 de octubre de 2025, establece un reglamento para la gestión y operación del transporte en motoconcho en Verón-Punta Cana, incluyendo medidas para facilitar su implementación.

Además, la Resolución 165-2025, autoriza la asignación de nombres a calles en el sector Brisa de Paz, asegurando también la gestión de esta iniciativa.

En junio de 2026, el Concejo aprobó nuevas disposiciones sobre la limpieza de terrenos baldíos y la regulación del ruido. La Resolución 187-2026 establece normas obligatorias para mantener limpios los terrenos abandonados, mientras que la Resolución 188-2026 se centra en controlar la contaminación acústica generada por colmadones y otros comercios en áreas urbanas.

Las regulaciones también buscan mantener el sonido en niveles dentro de los establecimientos, a excepción de zonas turísticas y plazas comerciales.

López enfatizó la necesidad de aplicar efectivamente las medidas sobre solares abandonados para prevenir que estos se conviertan en focos de acumulación de desechos. Sin embargo, tales disposiciones requieren acciones administrativas para alcanzar sus metas.

Parada de autobuses

La Resolución 189-2026, aprobada el 15 de junio de 2026, decide retirar la parada de autobuses en la prolongación de la avenida España, frente a Plaza Friusa. Esta medida busca reorganizar el tráfico y el uso de los espacios públicos, pero para verificar su cumplimiento será esencial confirmar si efectivamente se ha llevado a cabo el retiro y qué acciones se han implementado.

Un mercado por RD$60 millones

La Resolución 170-2025, datada el 18 de diciembre de 2025, autoriza los procesos necesarios para construir un play de béisbol con una inversión aproximada de RD$20 millones y un mercado municipal valorado en RD$40 millones.

Aunque la medida prevé gestionar la contratación de ambas obras, el presupuesto de 2025 incluía recursos solamente para una fase inicial. Por ello, también se contempló utilizar fondos de años fiscales posteriores y coordinar aspectos técnicos y financieros.

Al respecto, Ramírez de la Rosa indicó que tanto el play como el mercado estaban en proceso de licitación al momento de la entrevista. En el caso del mercado, se decidió rechazar una ubicación inicial debido a los costos relacionados con la construcción de la vía de acceso, optando en cambio por terrenos ofrecidos por una empresa privada cercanos al cruce de Verón.

La información proporcionada por el director distrital es valiosa para comprender el estado de estos proyectos, no obstante, será necesaria una consulta a los documentos de contratación para confirmar el avance de las obras.

Diferencias sobre responsabilidades

Las opiniones de los representantes opinan sobre la gestión y el cumplimiento de las decisiones del Concejo revelan discrepancias significativas. Marte sugiere que es crucial que la Sala Capitular y la administración ejecutiva se reúnan para revisar las resoluciones aprobadas, estableciendo prioridades y coordinando su implementación. Desde su perspectiva, la ausencia de acción limita muchas iniciativas.

Ramírez de la Rosa, por su parte, enfatiza que varias resoluciones se aprueban sin la consulta adecuada a la administración ejecutiva. Señala que en temas como el tránsito, no es suficiente con aprobar una medida; se requiere un análisis de sus consecuencias, coordinación con las instituciones pertinentes y un examen de la viabilidad técnica y presupuestaria.

El director también ha señalado que no ha recibido un informe formal que compile las resoluciones pendientes de ejecución. Esta situación resalta la necesidad de establecer mecanismos que faciliten la identificación de las decisiones aprobadas y los responsables de su implementación.

Flores mantiene que gran parte de la falta de resultados se debe a la escasa voluntad política y a límites presupuestarios que frecuentemente se citan como obstáculos para poner en marcha ciertas acciones. López insiste en que las resoluciones deben convertirse en acciones concretas que atiendan las necesidades de las comunidades.

Desde la Red Comunitaria Verón-Bávaro, su director, Alciviade Rodríguez, propone la creación de un comité de seguimiento que identifique a los responsables de cada resolución y facilite el acceso ciudadano a la documentación aprobada. Rodríguez también observa una disminución en la participación comunitaria, la cual atribuye a la falta de resultados visibles, aunque no se han presentado datos que cuantifiquen esta tendencia.