Ambientalistas y comunidades alistan batalla legal contra la autopista del Ámbar.

Santiago. – El movimiento social y comunitario Unidos Somos Más, conformado por sacerdotes, ambientalistas y campesinos, ha decidido tomar medidas legales. Anunciaron que están preparando un recurso de amparo para paralizar la construcción de la autopista del Ámbar, debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normativas ambientales.

La organización argumenta que la obra se inició sin la licencia ambiental correspondiente, lo que, según ellos, representa una violación de las leyes que protegen los recursos naturales del país.

Este anuncio llega tras la declaración del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien confirmó el inicio de los trabajos en el tramo de Montellano, ubicado en la provincia Puerto Plata.

Durante una rueda de prensa, el sacerdote Rainer Rafael Vásquez Ferreira y los ambientalistas Eduardo Rodríguez, expresidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, y Nelson Reyes, de la Fundación Ecológica Tropical, expresaron su profunda preocupación por las posibles repercusiones ambientales de esta infraestructura vial.

Exigen que se entregue de manera íntegra el estudio de impacto ambiental del proyecto a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el fin de que ambas entidades realicen una auditoría y revisión técnica independiente.

Movilizaciones y acciones legales inminentes

Los integrantes de Unidos Somos Más informaron que sus asesores legales están trabajando en la preparación de un recurso de amparo que se presentará ante los tribunales para solicitar la suspensión de las obras.

La acción legal se fundamenta en las supuestas violaciones a la legislación ambiental, que consideran se están dando con el inicio de la construcción.

Los representantes del movimiento demandan que las autoridades aclaren la situación de los permisos y presenten la documentación técnica que respalda la ejecución del proyecto.

Además, advirtieron que, si la situación no mejora, se verán obligados a retomar sus movilizaciones sociales, convocando protestas pacíficas para exigir la protección de los recursos naturales.

Riesgos para la cordillera Septentrional

Los ambientalistas han manifestado su inquietud acerca del impacto que podría causar la construcción de la autopista sobre los ecosistemas, fuentes de agua y la biodiversidad de la cordillera Septentrional.

Según el manifiesto de la organización, el proyecto carece de las validaciones ambientales que consideran imprescindibles para desarrollar una infraestructura de tal envergadura.

Los representantes del movimiento subrayan la necesidad de realizar una evaluación independiente de los impactos que estas intervenciones generarían, especialmente en las áreas ambientalmente sensibles que atravesaría la ruta.

Por ello, insisten en que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales antes de continuar con los trabajos.

El movimiento reafirma su compromiso de seguir con sus acciones legales y comunitarias para exigir transparencia en el proceso de construcción de la autopista del Ámbar y la protección de los recursos naturales de la región norte.

Defensa de permisos ambientales por parte de RD Vial

En respuesta a las dudas planteadas, el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, afirmó el 3 de noviembre que la autopista del Ámbar cuenta con las autorizaciones ambientales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El funcionario declaró que los permisos fueron otorgados el 27 de octubre de 2026, bajo los códigos S01-26-02880 y S01-26-02883, y mostró imágenes de los documentos.

Esta declaración representa un elemento crucial en la controversia, dado que los representantes de Unidos Somos Más sustentan sus denuncias en una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, datada el 23 de octubre, la cual indica que hasta ese momento no se habían emitido las autorizaciones pertinentes.

Por consiguiente, es fundamental clarificar el alcance de los permisos anunciados, qué actividades autorizan y su relación con el estudio de impacto ambiental del proyecto.