EFE.- La Fiscalía General de Bolivia informó este jueves que aprehendió a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien es investigado por un caso de violencia familiar en contra de su pareja, pese a que ésta presentó el desistimiento de su denuncia.
“La Fiscalía General del Estado confirma la aprehensión de Marcelo Arce M., investigado por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica. En las próximas horas el sindicado deberá prestar su declaración informativa ante la Fiscal asignada al caso”, informó el Ministerio Público.
Asimismo, se difundió la fotografía de Arce Mosqueira sentado revisando unos papeles supervisado por un policía y la fiscal Jéssica Echeverría, quien emitió la orden de aprehensión en su contra el 20 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz (este).
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La orden de captura se dictó en base a la denuncia que presentó su expareja, quien afirmó ser víctima de “violencia psicológica” y “violencia física”, según explicó en esa ocasión el fiscal General, Róger Mariaca.
Posición del presidente Arce
Ese mismo día, el presidente Arce expresó en X que: “toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.
También aclaró que su postura respecto a estos temas se da “más allá” de su condición de presidente de Bolivia, sino “como padre que respeta las leyes” del país.
Sin embargo, después de diez días, la denunciante retiró la denuncia en contra del hijo mayor del presidente boliviano y para “evitar un proceso penal” tras “aceptar las disculpas” que le ofreció su agresor, además como una forma de evitar que su imagen sea expuesta públicamente.
Sin embargo, la Fiscalía dijo que pese al desistimiento el proceso iba a continuar hasta capturar al hijo del mandatario boliviano.
Luis Marcelo Arce Mosqueira fue también denunciado hace unos años por el diputado Héctor Arce, leal al expresidente Evo Morales (2006-2019), por supuestamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban proyectos de litio, sin ser funcionario público, con base en una grabación que se difundió.