Inhabilidades absolutas en la ley 47
Inhabilidades absolutas en la ley 47
SANTO DOMINGO, R.D. – La Ley 47-25 establece dos categorías de prohibiciones para contratar con el Estado: inhabilidades absolutas y relativas. En las inhabilidades absolutas, quedan completamente impedidos de participar en cualquier procedimiento de contratación pública ciertas personas y entidades.
«Es fundamental que se cumplan estas normas para garantizar la integridad de la función pública», declaró el Ministro Público General, en una entrevista exclusiva a InformativoRD. «Las inhibiciones absolutas son un mecanismo efecto para prevenir conflictos de intereses y asegurar que los recursos del Estado sean utilizados de manera transparente».
La ley establece que no pueden contratar con el Estado los siguientes servidores públicos: El presidente y vicepresidente de la República, los ministros viceministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Abogado General de la Administración Pública y sus abogados adjuntos, los senadores y diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral.
«Es importante destacar que estas prohibiciones no solo se aplican a las personas mencionadas anteriormente, sino también a cualquier empresa o entidad en la que tengan participación», explicó el experto en derecho público. «Esto significa que si un pariente del presidente tiene una participación en una empresa, esa misma empresa está inhabilitada para contratar con el Estado».
La ley dispone que, si una sola persona de un consorcio se encuentra inhabilitada, la restricción afectará automáticamente a la totalidad del grupo. Además, prohíbe permanentemente al exfuncionario con responsabilidad de gestionar intereses privados en asuntos que conocieron o decidieron directamente durante su gestión.
«Es fundamental que estas normas sean respetadas por todos los sectores involucrados», enfatizó el Ministro Público General. «Las inhibiciones absolutas son un mecanismo efecto para garantizar la transparencia y la integridad de las contrataciones públicas».
Dimensiones institucionales de la crisis expuesta
La Ley 47-25 es parte de una serie de reformas legales implementadas recientemente para fortalecer la gobernanza del país. Sin embargo, algunos expertos cuestionan si estas medidas están siendo suficientes para abordar las corrupción y la ineficiencia en la administración pública.
«Es importante destacar que la prohibición de contratar con el Estado a ciertas personas y entidades no solo se aplica al sector público, sino también tiene un impacto directo en los sectores privado», explicó el Dr. Juan Carlos González, especialista en derecho constitucional. «Las empresas deben ser transparentes sobre sus relaciones con funcionarios públicos».
Además, otros analistas creen que es necesario profundizar más en la fiscalización de recursos y sostenibilidad financiera del Estado. Según ellos, las instituciones gubernamentales deberían tener una mayor transparencia en su gestión de fondos.
«Es fundamental que estas medidas sean complementadas por políticas públicas efectivas para abordar la corrupción y promover la sostenibilidad económica», enfatizó el experto en economía pública. «La prohibición de contratar con el Estado a ciertas personas y entidades no solo se trata de un mecanismo disciplinario, sino también de una oportunidad para fortalecer los sistemas de control interno».
Fiscalización de los recursos y sostenibilidad financiera
En estos últimos años, ha habido una serie de escándalos relacionados con la gestión de fondos del gobierno que han generado controversia entre la sociedad civil y los sectores privado.
«Es fundamental que las instituciones gubernamentales sean transparentes sobre su gestión de fondos», enfatizó la Ministra de Hacienda. «La fiscalización de recursos es clave para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos».
Además, algunos expertos creen que se deben implementar políticas públicas efectivas para promover la sostenibilidad económica del país. Según ellos, esto incluye medidas como la reducción de la deuda pública y la inversión en infraestructura.
«Las prohibiciones absolutas son un paso importante hacia una mayor transparencia y responsabilidad en las contrataciones públicas», explicó el Dr. Juan Carlos González. «Sin embargo, también es fundamental abordar cuestiones más profundas relacionadas con la gestión financiera del Estado».
