Advierte sobre implicaciones en el uso de la fuerza, la legítima defensa y la responsabilidad empresarial; favorece la modernización de esa legislación, pero ve la necesidad de que haya proporcionalidad y seguridad jurídica para el sector.
Santo Domingo, RD.- El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, ha expresado su preocupación acerca de los vacíos legales presentes en el nuevo Código Penal. Según él, la falta de definiciones claras sobre la responsabilidad penal corporativa y la incertidumbre en el uso de la fuerza podrían llevar a la criminalización injusta de la operativa diaria de las compañías de seguridad.
González presentó su postura durante el taller titulado «El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada», organizado por Adesinc en el Hotel Embassy Suites by Hilton. En este evento, el especialista Francisco Álvarez abordó temas de gran relevancia y también participaron directivos de Adesinc y representantes del sector.
A pesar de que el gremio apoya la actualización de la legislación, el presidente de Adesinc subrayó la importancia de establecer garantías proporcionales para una industria que cuenta con más de 62,000 empleos formales. Esta industria genera anualmente más de 24,000 millones de pesos y representa cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
González Estrada también destacó que un error individual de un vigilante que actúo fuera de los protocolos no debería resultar en la persecución penal de las empresas o de sus directivos por supuestas fallas en la supervisión.
Entre las principales preocupaciones de Adesinc se encuentra la necesidad de establecer reglas claras sobre la legítima defensa, especialmente cuando los agentes utilizan armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. Esto es crucial para prevenir procesos judiciales injustificados que pueden afectar tanto a los profesionales como a las empresas.
Asimismo, el incremento drástico de las penas y la creación de nuevos tipos penales han llevado a las empresas formalmente reguladas a una situación de alta vulnerabilidad, lo que preocupa a la asociación.
El análisis normativo del taller fue conducido por el jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, quien discutió el impacto de la ley en temas como la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias. Frente a estos desafíos, Álvarez propuso un periodo de adecuación preventiva de 90 días, permitiendo a los ejecutivos y asesores legales del sector adaptar sus controles internos de acuerdo a la nueva normativa.
Implicaciones del Nuevo Código Penal en la Seguridad Privada
- Alertas sobre vacíos legales en la responsabilidad penal corporativa.
- Importancia de establecer garantías para la industria de seguridad.
- Necesidad de definir reglas claras sobre la legítima defensa.
- Propuesta de un periodo de adecuación de 90 días para ajustes normativos.
