El Gobierno de EE.UU., bajo la dirección del presidente Donald Trump, ha tomado medidas decisivas para restringir la permanencia legal de extranjeros en el país. Este enfoque incluye limitaciones al acceso a la conocida ‘tarjeta verde’ y a la duración de estancias para estudiantes y periodistas extranjeros, entre otras restricciones.
Esta semana, la Casa Blanca planea publicar en el Registro Federal dos regulaciones que estaban en desarrollo desde el año pasado, alineadas con las promesas del presidente republicano de reforzar los controles migratorios.
El principal objetivo del Ejecutivo es disminuir las oportunidades que tienen los extranjeros para permanecer legalmente en EE.UU., dejando gran parte de la decisión en manos de los funcionarios de inmigración que manejan los casos.
Más condiciones para obtener la residencia permanente
A partir del 18 de septiembre, se implementará una nueva normativa que otorga a los funcionarios de inmigración la autoridad para rechazar solicitudes de residencia permanente si consideran que el solicitante podría ser «una carga pública» por recibir beneficios públicos.
Durante su primer mandato (2017-2021), Trump vetó a inmigrantes que solicitaran asistencia social como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Esto dejó a numerosos indocumentados en EE.UU. sin posibilidad de optar por la residencia permanente.
La sanción de EE.UU. afectará exportaciones brasileñas por unos 11,200 millones de dólares
La nueva norma también se extenderá a extranjeros que busquen una visa de inmigrante, quienes deberán demostrar una solvencia económica suficiente para residir en el país sin depender de ayuda pública.
Previamente, la Casa Blanca había establecido restricciones para denegar visas a quienes presentaran enfermedades crónicas, como cáncer u obesidad, argumentando que podrían requerir asistencia médica pública en el futuro.
Adicionalmente, en mayo pasado se anunció que los indocumentados que deseen ajustar su estatus deberán hacerlo a través de embajadas estadounidenses en sus países de origen, lo que implica salir de EE.UU. y enfrentar diversos riesgos antes de obtener la residencia permanente.
Menos tiempo de permanencia
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una norma que impactará los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) y I (representantes de medios extranjeros) al restringir el tiempo de estadía legal.
Ahora, los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visa I tendrán un límite de 240 días, pudiendo solicitar prórrogas. Por su parte, los periodistas de China enfrentarán una restricción de sólo 90 días.
Aunque el Gobierno de EE.UU. permite que quienes cuenten con estos visados soliciten extensiones, el proceso deberá realizarse de manera más frecuente.
La campaña contra los inmigrantes
La Administración republicana sostiene que estas modificaciones están orientadas a reducir la población indocumentada en el país.
El DHS argumentó que muchos antiguos estudiantes de intercambio lograron permanecer de manera ilegal tras el vencimiento de sus visados, un argumento que también se aplica a los estudiantes universitarios extranjeros.
Además, el Gobierno busca cerrar las puertas a indocumentados con bajos recursos, poniendo a muchos de ellos en riesgo de deportación.
Los defensores de los inmigrantes han advertido que estas medidas incrementan la posibilidad de discriminación entre los solicitantes. En cada caso, se ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores y datos relevantes para decidir sobre el alivio migratorio o la visa.
Restricciones en la inmigración: Impacto y nuevas regulaciones
- A partir del 18 de septiembre, se aplicarán restricciones más severas para obtener la residencia permanente.
- Los visados F, J e I tendrán un tiempo de permanencia reducido, limitando así la estancia de estudiantes y periodistas.
- Se busca limitar el acceso a la residencia a quienes puedan ser considerados «carga pública».
- Propuestas que podrían fomentar la discriminación y dificultar el proceso migratorio para los solicitantes de recursos limitados.
