La exoneración del estudio ambiental no implica un permiso ilimitado. Cada proyecto deberá estar directamente relacionado con la emergencia y quedar inscrito ante MiAmbiente para poder llevarse a cabo.
La ONU ha alertado que el fenómeno de El Niño persistirá hasta febrero y se prevé que sea “muy fuerte”.
Las autoridades están obligadas a documentar la descripción, ubicación y entidad responsable de cada proyecto. Además, deberán establecer controles rigurosos que faciliten la revisión de sus efectos y el cumplimiento de las medidas de protección.
Las direcciones nacionales y regionales podrán autorizar el aprovechamiento de madera caída debido a desastres naturales. Esta medida permitirá retirar y utilizar árboles caídos por inundaciones y deslizamientos, aunque requerirá un registro formal y la emisión de permisos y guías necesarias para su transporte.
Para prevenir que estas autorizaciones se utilicen como cobertura para la tala ilegal, los puestos de control de los organismos de seguridad verificarán las guías forestales emitidas durante la emergencia.
El uso indebido de estos documentos puede conllevar sanciones tanto administrativas como responsabilidades civiles o penales, dependiendo de la infracción cometida.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) deberá implementar medidas especiales en áreas protegidas y en zonas ambientalmente sensibles. La resolución permitirá restringir temporalmente el acceso a lugares de alto riesgo, como parques y reservas, que se encuentren severamente afectados.
También se dará prioridad al rescate, cuidado y protección de especies de flora y fauna que estén expuestas a los efectos del fenómeno climático. En caso necesario, se podrán establecer centros temporales de rehabilitación para atender animales afectados y preparar su recuperación.
Otra línea de acción incluye el seguimiento de los niveles de cuencas hidrográficas, lagos y embalses, poniendo especial atención en el lago Bayano. MiAmbiente coordinará con el Sistema Nacional de Protección Civil y la Autoridad del Canal de Panamá para reportar condiciones que puedan agravarse por la falta de lluvias.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se prevé un déficit de precipitaciones entre octubre de 2026 y marzo de 2027, con efectos de El Niño que podrían extenderse hasta mayo. Esta situación plantea serios riesgos para el abastecimiento de agua, la generación hidroeléctrica, y la agricultura, así como para la operación del Canal de Panamá.
La emergencia presenta una naturaleza dual, ya que Panamá debe gestionar tanto los daños por inundaciones como el riesgo de una inminente sequía. Entre enero y agosto, 15,643 personas se vieron afectadas por eventos pluviales, con más del 70% de los casos concentrados en Bocas del Toro y Colón.
El Consejo de Gabinete ha autorizado hasta $80 millones para el financiamiento de obras y servicios relacionados con la emergencia, a través de procedimientos especiales de contratación. Sin embargo, esta cifra no pertenece exclusivamente a MiAmbiente, y los recursos deben incorporarse según la disponibilidad presupuestaria y recibir aprobación para cada intervención solicitada.
Las medidas provisionales requerirán ser supervisadas, controladas y fiscalizadas durante toda su ejecución, y las dependencias ambientales estarán obligadas a presentar informes mensuales.
La rapidez concedida para actuar reduce trámites frente a la amenaza climática, pero también requiere controles efectivos para evitar que la emergencia justifique obras innecesarias o gastos sin suficiente sustento.
Acciones y medidas ante la emergencia climática en Panamá
- La exoneración del estudio ambiental requiere inscripción ante MiAmbiente.
- Se autorizará el aprovechamiento de madera caída, exigido un registro formal.
- Se implementarán controles para evitar el uso indebido de permisos durante la emergencia.
- Se prevé un déficit de precipitaciones que amenaza recursos hídricos y agrícolas.
