El Banco de Reservas ha decidido rechazar la solicitud de embargo retentivo presentada contra los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), en el contexto de un litigio que involucra a la empresa Latin Events, LLC. Este rechazo marca un hito en el sistema financiero nacional, dado que implica restricciones relevantes sobre la gestión de fondos públicos.
Según lo indicado por la Junta Central Electoral, Banreservas fundamentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional. Estas regulaciones prohíben a las entidades de intermediación financiera inmovilizar fondos públicos, salvo en el caso de contar con una sentencia definitiva.
La JCE sostiene que, en este caso particular, no se cumplen las condiciones necesarias para aplicar el embargo retentivo solicitado por Latin Events, LLC.
Informes de medios locales han señalado que Latin Events, LLC busca retener RD$108,720,000 de fondos de la JCE. Esta solicitud es parte de un proceso para hacer cumplir una sentencia de un tribunal estadounidense relacionada con un supuesto incumplimiento contractual.
Recurso de apelación presentado por la JCE
En relación al caso, la Junta Central Electoral ha interpuesto un recurso de apelación, convocando a Latin Events, LLC a comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta apelación, fechada el 16 de julio de 2026, impugna el auto emitido el 29 de junio de 2026, donde la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional aceptó una solicitud de homologación de sentencia extranjera, conocida como exequátur, presentada por Latin Events, LLC. Esta decisión estaba destinada a dar fuerza ejecutoria en el país a una sentencia dictada en Estados Unidos.
La JCE se comprometió a demostrar, en las instancias judiciales pertinentes, que no asumió la obligación demandada por la sociedad comercial.
Denegación de autorización para los servicios de Latin Events
La Junta Central Electoral reitera que no hay evidencia de aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para la supuesta adquisición de servicios por parte de Latin Events. Este aspecto es fundamental, ya que afecta el orden público relacionado con la adecuada contratación pública y debe ser considerado por el juez a cargo del exequátur.
En declaraciones previas, la JCE manifestó su intención de apelar una sentencia emitida en Estados Unidos, argumentando la falta de autorización institucional. La Junta ha enfatizado su compromiso con la transparencia y el correcto uso de fondos públicos.
El proceso ahora se encuentra pendiente en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se debatirá la validez de la homologación de la sentencia extranjera y los posibles efectos sobre los fondos administrados por la JCE.
Implicaciones del caso de Latin Events y la JCE
- El Banco de Reservas rechaza el embargo de fondos de la JCE basado en normativas legales.
- La JCE ha presentado un recurso de apelación tras la homologación de una sentencia extranjera.
- No hay autorización formal para los servicios que Latin Events alega haber prestado.
- La transparencia y correcta gestión de fondos públicos es un compromiso de la JCE.
