El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este miércoles 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el juicio de fondo del el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y otros exfuncionarios acusados por el Ministerio Público de participar en un presunto esquema de corrupción que habría ocasionado al Estado un perjuicio superior a RD$19,000 millones.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez habían recesado la audiencia anterior para permitir la evaluación de la situación de salud de los imputados Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República, y Rafael Calderón Martínez.
La pausa también permitirá que el Ministerio Público y las demás partes examinen la posibilidad de separar el juicio de ambos acusados debido a sus condiciones de salud.
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Durante la última audiencia, el tribunal reservó una solicitud formulada oralmente por la defensa técnica relacionada con la celebración de una audiencia en la que se pretende hacer valer una decisión judicial de la Corte de Apelación.
Las magistradas explicaron que todavía no habían tenido la oportunidad de examinar esa decisión y dejaron constancia de que recibieron formalmente una instancia en trámite relacionada con planteamientos de las defensas y una solicitud de extinción de la acción penal.
La situación de Caamaño Santana también generó cuestionamientos entre las defensas. La abogada Ingrid Hidalgo, representante de Natalia Cesarina Beltré Torres, planteó que no debería prolongarse la suspensión del proceso sin contar, según sostuvo, con una certificación médica que permita establecer cuándo el imputado estaría en condiciones de reincorporarse.
“Que él espere sus 20 días”, expresó Hidalgo al referirse a un certificado médico presentado durante el proceso. La jurista consideró que debe respetarse el período establecido en el documento para evitar que una eventual decisión judicial pueda ser posteriormente cuestionada por una alegada vulneración del derecho a la salud del acusado.
Hidalgo también respaldó que sean conocidas las solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por algunas defensas, al considerar que se trata de un mecanismo establecido en la legislación.
Por su parte, el abogado Conrado Pittaluga Vicioso, representante legal de Donald Guerrero Ortiz, solicitó la extinción de la acción penal.
El pasado 14 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado rechazó por mayoría de votos varias solicitudes similares presentadas por las defensas. En aquella decisión, las juezas establecieron su criterio sobre el momento a partir del cual debe computarse el plazo máximo de cuatro años de duración del proceso.
El tribunal consideró que el expediente nació bajo la vigencia del Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15, que establecía que el plazo máximo comenzaba a computarse a partir de la solicitud de medidas de coerción o de la realización de un anticipo de prueba.
Con ese razonamiento, las magistradas descartaron la posición de varias defensas que pretendían iniciar el cálculo desde actuaciones realizadas durante 2021 y 2022, entre ellas interrogatorios practicados por el Ministerio Público, oposiciones a pagos e inmovilizaciones de fondos.
El expediente incluye, además de Guerrero y Lockward, al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y al exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros imputados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían formado parte de una estructura destinada al manejo irregular de recursos públicos, principalmente mediante operaciones relacionadas con pagos de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
El órgano acusador sostiene que las actuaciones investigadas habrían provocado pérdidas superiores a RD$19,000 millones al Estado dominicano. La acusación también contiene señalamientos sobre presuntos sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020 y la supuesta sustracción de fondos destinados al pago de compromisos económicos de distintas instituciones públicas.
Entre los delitos atribuidos por el Ministerio Público figuran asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Los señalamientos forman parte de la acusación y deberán ser debatidos y decididos durante el proceso judicial.
La audiencia está pautada para continuar este miércoles 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana, ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
