Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 16-26, la cual tiene como propósito regularizar y saldar las deudas pendientes con los contratistas del Estado. En este contexto, los juristas Luis Ricardo y Erick Morrobel, representantes de un grupo de contratistas y proveedores, han realizado un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades financieras para que se proceda con el pago inmediato de estas obligaciones, que ya cuentan con sentencias definitivas.
Aunque la nueva legislación significa un avance significativo en la atención de las deudas administrativas acumuladas en administraciones anteriores, los abogados señalan que el Estado dominicano mantiene una mora injustificada respecto a las obligaciones respaldadas por fallos judiciales firmes.
En este sentido, los juristas han advertido que someter sentencias firmes a los nuevos mecanismos de revisión y auditoría de la Comisión Especial del Ministerio de Hacienda podría constituir una vulneración al principio de separación de poderes establecido en la Constitución.
Sostuvieron que las deudas avaladas por decisiones judiciales definitivas no requieren de nuevos procesos de verificación, sino de la asignación directa de los recursos correspondientes.
El ahogamiento fiscal y la paradoja tributaria
La firma legal Ricardo & Morrobel ha enfatizado la gravedad del conflicto tributario que enfrentan sus representados. En este escenario, los contratistas se ven atrapados en un ciclo pernicioso: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exige certificaciones al día para poder cobrar, pero la falta de liquidez fiscal se debe, precisamente, al impago del propio Estado. Frente a esta situación crítica, han solicitado formalmente al Presidente de la República una intervención que permita la compensación de deudas tributarias o la emisión de dispensas especiales para estos acreedores.
Una propuesta para descongestionar el TSA
Con el objetivo de encontrar una solución efectiva y evitar que los afectados continúen recurriendo a los tribunales, los juristas han invitado a los congresistas y ministros a coordinar una mesa de trabajo conjunta. Esta propuesta tiene como fin abordar administrativamente temas como la devaluación de la moneda a lo largo del tiempo y las necesarias compensaciones por los daños causados por los retrasos estatales.
Según los abogados, si se logra este acercamiento, se podría aliviar una gran carga de expedientes en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y eximir a los ministerios e instituciones contratantes (como Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones) de los costosos y prolongados trámites que implica un proceso legal.
Por último, los abogados han recordado que detrás de las cifras millonarias hay una tragedia humana que impacta el patrimonio y la salud de cientos de familias dominicanas. Por esta razón, se han mostrado totalmente dispuestos al diálogo con las autoridades financieras para establecer una hoja de ruta definitiva que restaure la confianza en la contratación pública.
Llamado a la acción por parte de contratistas del Estado
- Promulgación de la Ley 16-26 para regularizar deudas con contratistas.
- Mora injustificada del Estado frente a obligaciones con sentencias firmes.
- Propuesta de mesa de trabajo para abordar conflictos tributarios.
- Importancia de un diálogo abierto entre autoridades y contratistas.
