La transición hacia el pasaporte electrónico y la cédula digital se enfrenta a una nueva y compleja realidad delictiva: el uso de inteligencia artificial por parte de redes criminales para perfeccionar la suplantación de identidad.
El ingeniero Héctor Antonio Santillán, director de la escuela de informática de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), ha advertido que el avance tecnológico del Estado se vuelve insuficiente si la ciudadanía continúa exponiendo sus datos en plataformas como WhatsApp. Además, la falta de controles biométricos rigurosos en el sector comercial contribuye a la creación de fraudes automatizados, especialmente en el año 2026.
Según Santillán, la arraigada costumbre de compartir imágenes de documentos de identidad en plataformas de mensajería permite a las redes criminales suplantar identidades y realizar contrataciones en nombre de terceros, así como iniciar procesos legales fraudulentos.
El académico destaca que el país enfrenta en 2026 una doble brecha: el analfabetismo tecnológico tradicional y un crecimiento desmedido de la inteligencia artificial. Estas tecnologías emergentes son utilizadas por ciberdelincuentes para perfeccionar los ataques de phishing, convirtiendo el conocimiento digital en una de las pocas defensas efectivas para el ciudadano común.
Anatomía del riesgo
Santillán subraya que el verdadero peligro de los documentos electrónicos no radica en el material, sino en el chip y los datos biométricos que contienen. Al enviar una imagen sin protección de la cédula, el ciudadano entrega información que puede ser empleada por delincuentes para simular contratos a distancia.
Además, la inteligencia artificial permite realizar suplantaciones de identidad avanzadas. Con solo datos básicos obtenidos de un documento expuesto, las herramientas automatizadas pueden generar fraudes financieros personalizados, abriendo líneas de crédito o servicios en nombre de la víctima.
Santillán lidera un programa de capacitación que busca educar a estudiantes, docentes y líderes comunitarios en Santo Domingo, transformándolos en multiplicadores del conocimiento en zonas vulnerables.
El respaldo institucional
Este programa formativo se implementará oficialmente entre 2026 y 2028 bajo el nombre de “Formación en Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial para el Futuro Digital de la República Dominicana (DCAIA)”. Esta iniciativa fue lanzada oficialmente por la Embajada de los Estados Unidos y la UNPHU en la Sala Max Henríquez Ureña de la universidad.
En el acto de lanzamiento estuvo presente Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de EE. UU. La iniciativa es una de las propuestas ganadoras del concurso 2025 del “Alumni Engagement Innovation Fund” (AEIF), que apoya proyectos desarrollados por exbecarios de la embajada, y marca la novena ocasión en que dominicanos reciben este importante financiamiento internacional.
¿Cómo defenderse si ya fue vulnerado?
Frente a este panorama, Santillán propone una estrategia de defensa que comprende la prevención activa y la mitigación de daños en caso de sospecha de robo de identidad. Para prevenir, recomienda:
- Educación sobre herramientas de inteligencia artificial.
- Evitar el envío de documentos como la cédula o pasaporte por canales informales, como WhatsApp.
- Exigir siempre la validación presencial de la huella dactilar al realizar trámites oficiales.
Si el fraude ya ocurrió:
El ciudadano debe acudir de inmediato a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) para presentar una denuncia formal. Con la constancia legal, el afectado debe notificar también al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) o a la Superintendencia de Bancos, según corresponda.
Retos en la Implementación de Documentos Electrónicos
- El uso de inteligencia artificial por redes criminales complica la seguridad personal.
- La exposición de datos en plataformas informales pone en riesgo la identidad de los ciudadanos.
- El proyecto DCAIA busca fomentar la educación digital en comunidades vulnerables.
- La falta de controles biométricos en el sector comercial agrava la situación del fraude automatizado.
