Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha calificado como positiva la decisión de revocar la resolución administrativa que buscaba aumentar los beneficios para los miembros de la Cámara de Cuentas. Esta medida se considera alineada con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho.
En un comunicado emitido, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que la Cámara de Cuentas, como organismo superior de control externo, debe ajustarse a los pilares de legalidad, transparencia y racionalidad administrativa.
El directivo advirtió que cualquier decisión que implique beneficios económicos para sus miembros, sin una habilitación normativa específica, puede ser vista como una extralimitación de funciones, lo que podría dar pie a conflictos de interés.
La anulación de la resolución, que otorgaba un aumento en los beneficios a los miembros de la Cámara de Cuentas, es vista como un acto de prudencia que se alinea con los principios constitucionales. Dicha resolución había generado incertidumbre respecto a su posible contradicción con el orden constitucional, especialmente en lo que respecta a la regulación del gasto público y las actividades de los órganos de control.
Un aspecto clave del debate es la función que desempeña la Cámara de Cuentas. Esta entidad, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos, tiene la importante responsabilidad de asegurar la transparencia administrativa. Por ello, cualquier beneficio económico directo para sus integrantes debe ser evaluado con rigor, considerando principios de legalidad y control del gasto.
Además, el orden constitucional dominicano se asienta en la separación de poderes y en la implementación de mecanismos de control. Así, las decisiones que conllevanincrementos en beneficios económicos, tomadas por los propios beneficiarios, pueden poner en riesgo la imparcialidad y ocasionar conflictos de interés.
Otro aspecto crucial es el principio de racionalidad del gasto público, que está intrínsecamente relacionado con la obligación de llevar a cabo una buena administración. La Constitución dominicana establece que los recursos del Estado deben ser gestionados buscando el interés general y bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
La decisión de revocar la resolución es, por lo tanto, fundamental para mantener la coherencia entre las acciones administrativas y las directrices institucionales del Estado. La legitimidad de las instituciones públicas se basa en la confianza de la ciudadanía, y cualquier acción que puede parecer beneficiosa para quienes tienen responsabilidad en la fiscalización de los fondos públicos podría socavar esta confianza.
En conclusión, anular esta resolución no solo es jurídicamente adecuada, sino que también resulta constitucionalmente necesaria. Esta acción evita violaciones a los principios fundamentales de legalidad, imparcialidad, control del gasto y separación de funciones, que son esenciales en el sistema constitucional dominicano. La decisión reafirma la supremacía de la Constitución y la obligación de las entidades del Estado de guiar sus decisiones por estos principios.
Revocación de Resolución sobre Beneficios en la Cámara de Cuentas
- FINJUS considera positiva la revocación de la resolución que aumentaba beneficios.
- La Cámara de Cuentas debe operar bajo los principios de legalidad y transparencia.
- Decisiones internas pueden causar conflictos de interés y amenazar la imparcialidad.
- La anulación refleja un compromiso con el control del gasto público y la buena administración.
