La reciente muerte de un chofer de camión recolector en Santiago ha reavivado un intenso debate sobre el desorden vial y el control de las motocicletas en la República Dominicana. Este trágico suceso, que surgió tras una persecución y ataque por parte de motoconchistas, ocurrió en las cercanías del Palacio de Justicia. La policía ha informado sobre la detención de ocho personas en relación con este incidente.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), ha expresado que el país requiere una respuesta “firme, extraordinaria y sostenida” frente al deterioro del orden público, el cual está asociado al crecimiento desregulado del parque de motocicletas.
FINJUS refuerza el debate sobre el tráfico de motocicletas
Desde la perspectiva de FINJUS, el fenómeno de las motocicletas ha dejado de ser una simple informalidad en el transporte. Se debe abordar como un problema estructural que afecta a la seguridad ciudadana. Castaños Guzmán subraya la relación entre la falta de fiscalización, la permisividad de las instituciones y la impunidad, que ha permitido la proliferación de prácticas que desafían la autoridad del Estado.
En el contexto actual, las motocicletas tienen una gran presencia en el parque vehicular nacional. Según datos de la DGII, 3,846,694 motocicletas estaban registradas al 31 de diciembre de 2025, lo que representa el 57.9% de todos los vehículos en el país. Santiago de los Caballeros alberga el 6.9% de esta cifra, mientras que el Distrito Nacional y Santo Domingo representan las tasas más altas.
Un desafío en el tránsito y la seguridad ciudadana
La magnitud de este problema también se ve reflejada en las estadísticas de seguridad vial. Durante la Semana Nacional de la Seguridad Vial 2025, se destacó que más del 60% de las muertes por siniestros de tránsito son de motociclistas. Además, la OPS ha señalado que cerca de dos tercios de las víctimas de accidentes son hombres jóvenes que conducen motocicletas. El coste económico de esta crisis se estima en 2.21% del PIB.
A pesar de que el Gobierno ha emitido el Decreto 656-24, declarando la seguridad vial como un tema de alta prioridad nacional, la situación en Santiago pone de manifiesto la discrepancia entre las declaraciones y la ejecución efectiva de políticas. No se trata solo de la circulación de motocicletas, sino de la capacidad del Estado para fiscalizar, sancionar y restablecer el orden en áreas donde la autoridad parece haber perdido su control.
La discusión trasciende lo inmediato. FINJUS aclara que no se debe criminalizar a los motoristas que actúan de forma honesta, sino tomar medidas decisivas contra aquellos que operan fuera de la ley, utilizan la violencia colectiva y convierten las vías en espacios de impunidad. Lo ocurrido en Santiago es un llamado a la acción inminente.
Reflexiones sobre la crisis de motocicletas
Motocicletas sin control: un desafío urgente que demanda atención inmediata
La muerte del conductor de camión en Santiago es un claro ejemplo de que esta problemática no puede ser considerada un incidente aislado. Es un reflejo de un problema estructural que ha debilitado la seguridad ciudadana durante años. Lo sucedido evidencia la realidad inquietante de que muchos motoristas operan con una lógica de intimidación y control acerca de su territorio, superando la simple informalidad en el transporte y acercándose a estructuras que desafían el orden público.
La permisividad de las instituciones, la falta de aplicación de la ley y la escasez de voluntad política han facilitado un sistema donde miles de motocicletas circulan sin una regulación efectiva. Esto contribuye a un clima de desorden que no puede normalizarse. Es esencial que el gobierno asuma esta situación como un problema de seguridad nacional y articule los recursos necesarios para restaurar el orden.
Es imperativo implementar operativos permanentes para sancionar a los motociclistas que infrinjan las normas y desmantelar cualquier forma de violencia organizada.
Revisión de la crisis del tráfico de motocicletas en el país
- La muerte del chofer de camión recolector reaviva el debate sobre desorden vial.
- FINJUS solicita una acción firme frente al crecimiento descontrolado de motocicletas.
- Más del 60% de las muertes por siniestros de tránsito son de motociclistas.
- Se requiere una intervención especial del gobierno para abordar la crisis de seguridad vial.
