FINJUS solicita retrasar la aplicación del nuevo Código Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha presentado formalmente ante la Cámara de Diputados sus observaciones al Código Penal, que tiene programada su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto. En este contexto, la entidad sugiere la necesidad de extender el plazo para su implementación.

En una comunicación dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, Servio Tulio Castaños Guzmán solicita considerar una ampliación del vacatio legis. Esta solicitud surge debido a la insuficiencia del tiempo disponible para realizar una revisión exhaustiva del texto, que incluye irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad y duplicidades, entre otros aspectos importantes. También se enfoca en la preparación adecuada de los actores del sistema de justicia.

“Consideramos propicio que el Congreso Nacional aproveche este período para articular un espacio de revisión. Se sugiere la formación de una Comisión Bicameral especial, cuyo mandato sería escuchar y documentar formalmente las observaciones técnicas y críticas sustantivas provenientes de diversos sectores nacionales. Esto permitiría ponderar, con rigor técnico, las correcciones apropiadas y viables antes de que la normativa entre en vigor”, señala la comunicación.

El documento también resalta que el texto aprobado el año pasado implica un cambio profundo en la racionalización del modelo punitivo y busca un mejor reflejo del bloque de constitucionalidad. Esto incluye la introducción de principios fundamentales que deben ser observados en la atribución de responsabilidad penal. Las observaciones de FINJUS abarcan varios artículos del nuevo Código, Ley 74-25, así como el proyecto de ley de reforma del Poder Ejecutivo, presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Propuestas de FINJUS sobre el Código Penal

  • Solicitan extender el plazo de implementación del Código Penal.
  • Proponen la creación de una Comisión Bicameral especial para revisión.
  • Destacan irregularidades y posibles vicios de inconstitucionalidad en el texto.
  • Subrayan la necesidad de preparar adecuadamente a los actores del sistema de justicia.

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