Santo Domingo.- La Mesa de Diálogo por el Autismo ha denunciado que este 5 de junio se cumplen tres años desde la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A pesar de su relevancia, el Estado dominicano no ha ejecutado aspectos cruciales de la normativa, lo que afecta a miles de familias en todo el país.
La organización, liderada por el periodista Fernando Quiroz, señaló que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2020. El reglamento de aplicación, esencial para poner en marcha sus disposiciones, se emitió varios meses después mediante el decreto 403-24 el 24 de julio de 2024.
Entre los principales incumplimientos destacan la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo, y la falta de programas permanentes para la formación de profesionales. Además, muchas familias siguen enfrentando obstáculos para acceder a una educación inclusiva adecuada.
La Mesa recordó que en julio de 2025, el presidente Abinader se comprometió a buscar recursos en el Presupuesto General del Estado para ejecutar la ley en 2026. Sin embargo, las familias siguen esperando detalles sobre las partidas y acciones concretas que podrían garantizar los derechos establecidos en la legislación.
Los costos de evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas y consultas médicas siguen siendo inalcanzables para muchos, convirtiendo el acceso a estos servicios en un privilegio. La única excepción favorable ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años, pero esta iniciativa no satisface las obligaciones integrales de la Ley 34-23.
“La República Dominicana tiene una ley y un reglamento, pero miles de familias aún enfrentan solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la legislación busca eliminar”, comentó la entidad.
Asimismo, se recordó que la Ley 34-23 establece responsabilidades específicas para diversas instituciones, incluyendo el CONADIS, los Ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo, así como otras entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre ellas SeNaSa, las ARS y la DIDA.
La normativa también contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos especializados, inclusión educativa y sanciones por discriminación, así como la creación de centros de acogida para personas con TEA en situación de vulnerabilidad.
“Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas. Hay padres que asumen altos costos de terapias y madres que se preocupan por el futuro de sus hijos. La falta de educación inclusiva adecuada sigue siendo una realidad angustiante”, añadió la Mesa de Diálogo por el Autismo.
Esperanza en la Ejecución de la Ley
La organización enfatizó que el presidente Abinader y las instituciones responsables deben explicar al país por qué esta legislación de gran impacto social sigue sin aplicarse significativamente tres años después de su promulgación.
También expresó la esperanza de que la primera dama, Raquel Arbaje, en su rol como presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, pueda involucrarse en el seguimiento de la Ley 34-23 para garantizar su efectiva implementación. El autismo es un asunto que requiere la colaboración de todas las instancias dedicadas a la protección de la niñez y sus familias.
La organización insistió en que, sin presupuesto asignado, sin un registro nacional, y con altos costos en diagnósticos y terapias, miles de familias viven en la desesperación. La necesidad de expandir los servicios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) es urgente, dado que enfrenta una demanda que excede su capacidad.
Finalmente, se advirtió que el país no está formando suficientes profesionales especializados para enfrentar el aumento de la población con TEA. Actualmente, solo hay 19 psiquiatras infantiles disponibles para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes.
La organización concluyó que la inclusión, salud, educación y protección social de las personas con autismo no deben depender únicamente de los esfuerzos de sus familias, sino que demandan la aplicación efectiva de la ley diseñada para garantizar esos derechos.
- La Ley 34-23 no ha sido implementada de manera efectiva en tres años.
- Falta de presupuesto y registro nacional de personas con autismo.
- Elevados costos de servicios médicos y terapias para las familias.
- Urgente necesidad de formación de profesionales especializados en el país.
