El Gobierno ha puesto en marcha un plan estratégico destinado a frenar las “invasiones y ocupaciones irregulares” de terrenos que son parte de los proyectos de la Reforma Agraria, según anunció este martes la Presidencia. Este esfuerzo busca asegurar la protección jurídica de las tierras y de los productores que dependen de ellas en todo el país.
El nuevo protocolo tiene como objetivo intervenir en las demarcaciones afectadas, lo que permitirá reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los productores mantengan sus derechos sobre las tierras. Las autoridades han decidido llevar a cabo un levantamiento para establecer una “ruta crítica” que guiará las intervenciones legales, técnicas y operativas en diversas regiones del país afectadas por estas situaciones problemáticas.
Entre las zonas más impactadas se encuentran Mogollón en San Juan de la Maguana, Villa Riva en Duarte, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia en San Cristóbal. La coordinación del plan fue el resultado de una reunión en el Ministerio de Agricultura, liderada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y su homólogo de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, así como representantes de las organizaciones campesinas más relevantes.
Durante el encuentro, las organizaciones campesinas manifestaron preocupacionesserias sobre los “interesados desaprensivos” que intentan apropiarse de terrenos mediante diversas artimañas. Se mencionaron prácticas ilegales que incluyen el uso de “supuestos abogados” y conexiones con civiles, policías y militares, creando situaciones que amenazan la estabilidad de quienes legítimamente trabajan la tierra.
Estas prácticas no solo ponen en peligro la estabilidad productiva y el patrimonio de los agricultores, sino que también pueden generar conflictos que amenazan la integridad física e incluso la vida de los campesinos. El plan incluye la creación de una comisión técnica interinstitucional a la que se le encargará la documentación de los casos, la evaluación de la situación jurídica y territorial, y la recomendación de actuaciones necesarias para avanzar en la regularización y titulación de tierras.
El ministro de Justicia subrayó que, respetando el debido proceso, se implementarán “mecanismos legales” para abordar estas problemáticas, asegurando los derechos de los productores y la preservación de las tierras destinadas al desarrollo agrícola por parte del Estado. A su vez, el ministro de Agricultura resaltó que asegurar la tenencia de la tierra también es vital para defender la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.
“Nuestro objetivo es impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan su propósito original: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, afirmó Oliveiro. El protocolo incluirá mecanismos de seguimiento que involucren a los ministerios de Justicia y Agricultura, el IAD, y las organizaciones campesinas, garantizando el respeto del “debido proceso” y el marco legal para abordar los casos identificados y prevenir nuevas ocupaciones irregulares.
Plan del Gobierno para Proteger Terrenos Agrarios
- Se activó un plan para frenar ocupaciones irregulares de terrenos agrarios.
- Se implementará una ruta crítica para intervenciones legales y técnicas.
- Una comisión interinstitucional documentará y evaluará los casos afectados.
- Se garantizarán los derechos de los productores y la seguridad alimentaria del país.
