Grupos defensores de inmigrantes han presentado una demanda por daños y perjuicios este miércoles, en favor de 18 personas que, según se informa, fueron sometidas a brutalidad policial y detenidas de manera ilegal durante una redada llevada a cabo por agentes federales en Chicago. Esta acción se enmarca dentro de la polémica Operación Midway Blitz.
Cada uno de los demandantes, que incluye a un número indeterminado de inmigrantes venezolanos, exige al gobierno federal una compensación de cinco millones de dólares. Esta demanda surge a raíz de una redada que se realizó en septiembre pasado en un edificio, donde participaron decenas de agentes camuflados y helicópteros.
Según la demanda, los agentes derribaron puertas sin contar con órdenes judiciales y realizaron detenciones a punta de pistola, afectando tanto a adultos como a niños. Las denuncias describen cómo, en plena noche, los individuos fueron retenidos de manera amenazante, golpeados con fusiles y obligados a salir al exterior poco vestidos.
El dueño del complejo residencial como denunciador
La mayoría de los afectados en esta redada eran ciudadanos estadounidenses afroamericanos, y algunos indocumentados venezolanos que vivían en el edificio también fueron detenidos. Durante este operativo, las autoridades alegaron que había sospechas sobre la presencia de integrantes de la pandilla Tren de Aragua, lo cual fue posteriormente desmentido.
Un informe del Departamento de Derechos Humanos de Illinois sugiere que fue el propietario del complejo residencial quien alertó al gobierno federal sobre la residencia de inmigrantes venezolanos, lo que llevó a la drástica acción.
La redada, bajo el mando de Greg Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza, se considera uno de los episodios más impactantes de la política migratoria de la Administración Trump en Chicago y sus suburbios.
“Esta redada se encuentra entre las acciones más reprobables de la Operación Midway Blitz, parte de la estrategia militarizada dirigida contra comunidades de color en todo el país”, declaró Susana Sandoval Vargas, representante del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos que apoya la demanda.
Entre los otros demandantes se encuentran el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
La respuesta del Gobierno Federal
La administración Trump justificó el operativo argumentando que su objetivo era la captura de personas que representaban un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, posteriormente no se presentaron cargos penales contra ningún individuo relacionado con la redada.
Además, la documentación presentada indica que “en medio del caos, un equipo de filmación del Departamento de Seguridad Nacional, acompañado de drones, siguió a los agentes y grabó el operativo, el cual luego fue difundido en las redes sociales del DHS como material promocional”.
Las imágenes de la redada fueron acompañadas de música instrumental, sonidos de helicópteros y focos iluminando el edificio, lo que generó una controversia adicional sobre la representación mediática de estos eventos.
Demandan al Gobierno por la redada en Chicago
- 18 demandantes solicitan una compensación de cinco millones de dólares.
- La redada involucró a agentes federales sin órdenes judiciales, afectando a adultos y niños.
- El propietario del edificio fue quien alertó al gobierno federal de la presencia de inmigrantes.
- La Administración Trump no presentó cargos penales tras la redada.
