La provisión del sistema judicial dominicano se paraliza en un acto inédito
El sistema de justicia de la República Dominicana experimentó el jueves pasado una jornada de paralización casi total. Jueces y servidores judiciales llevaron a cabo un paro de labores sin antecedentes, exigiendo una indexación salarial que refleje la dignidad de su trabajo.
Además de la revisión de salarios, los manifestantes demandaron condiciones laborales más adecuadas y el cese de “gastos superfluos” atribuidos al Consejo del Poder Judicial (CPJ). La protesta se tornó más solemne al reunir a decenas de magistrados, vestidos con sus togas negras oficiales, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a otros palacios judiciales, donde dieron lectura a un contundente manifiesto respaldado por más de 450 miembros de la judicatura.
El movimiento recibió el apoyo decidido del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), unificando así a los actores clave del sistema judicial en un solo frente de reclamo.
Tribunales vacíos
Durante un recorrido por diversas provincias y los principales Palacios de Justicia del país, equipos periodísticos de CDN y elCaribe confirmaron que la paralización fue prácticamente total. Se cancelaron casi todas las audiencias penales, civiles y laborales, limitando la actividad judicial únicamente a las oficinas de atención permanente para medidas de coerción con plazos constitucionales.
El manifiesto
Esta manifestación evidenció una crisis estructural que ya tiene repercusiones significativas: se denunciaron 557 renuncias de servidores judiciales en lo que va del año, impulsadas por sueldos insuficientes y excesivas cargas de trabajo. El magistrado Vajoan Rodríguez, juez de la Jurisdicción Ordinaria de Tierra del Distrito Nacional, leyó el manifiesto que resaltaba la sobrecarga administrativa, donde un solo empleado a menudo asume las funciones de varios, y muchos jueces realizan tareas que les corresponderían a cuatro magistrados.
Escala del conflicto: CARD pide la renuncia de Luis Henry Molina
El conflicto asumió un matiz político con el pronunciamiento del CARD, cuyo presidente, Trajano Potentini, solicitó al presidente Luis Abinader la convocatoria urgente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para revisar y renovar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
A su vez, el Consejo Directivo de Fiscaldom emitió un mensaje de apoyo al movimiento, calificando las reivindicaciones de los jueces como “legítimas” y haciendo un llamado a la cúpula judicial para establecer un diálogo genuino y evitar el colapso del Estado de derecho.
Rechazo al presupuesto y crítica a los gastos superfluos
Los huelguistas reafirmaron su rechazo a las propuestas del CPJ presentadas el 19 de mayo, considerándolas “imprecisas e ineficaces”. Denunciaron que la promesa de indexación salarial depende de un presupuesto complementario en el Congreso Nacional, sin fechas concretas para su ejecución ni soluciones al problema de la movilidad administrativa.
Santiago
Frente al Palacio de Justicia de Santiago, con pancartas y gritos que resonaban “Que la dignidad comience por casa”, jueces y servidores judiciales llevaron a cabo una protesta coincidente con el paro nacional que resultó en la suspensión de miles de audiencias.
La magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta del presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado, describió la jornada como “un día histórico y trascendental para nuestra judicatura”. Esta movilización, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, resultó en la cancelación masiva de audiencias durante una jornada de 24 horas, afectando profundamente a miles de procesos judiciales y aumentando el cúmulo de expedientes pendientes.
Bajo la consigna “Que la dignidad comience por casa”, la judicatura dejó claro que esta paralización es solo el inicio de una serie de protestas, afirmando que no permitirán que la justicia dominicana “muera en silencio”.
La protesta de la judicatura dominicana y sus exigencias
- Paro histórico de jueces y servidores judiciales por indexación salarial.
- Denuncias de renuncias masivas debido a condiciones laborales inadecuadas.
- Apoyo unificado de CARD y Fiscaldom a las reivindicaciones judiciales.
- Promesas de mejora salarial sujetas a presupuesto legislativo incierto.
