Un juez federal de Estados Unidos ha emitido una orden este miércoles, exigiendo al Gobierno de Donald Trump que proporcione, en un plazo de 14 días, el documento que detalla la justificación legal de los ataques estadounidenses a lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico.
Desde septiembre de 2025, la Administración de Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas sospechosas de estar involucradas en actividades de narcotráfico, lo que ha resultado en al menos 230 muertes.
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha solicitado que la Administración entregue, «en privado», un memorando del Departamento de Justicia de EE.UU. que explique la justificación legal de los ataques militares letales contra embarcaciones consideradas sospechosas de narcotráfico.
Detalles sobre los ataques ordenados por el Gobierno Trump
El juez Engelmayer ha pedido específicamente un documento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés), donde se analiza la autoridad del presidente Trump para autorizar ataques letales o mediante drones.
Este documento fue elaborado en septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio oficial de estos ataques por parte del Departamento de Defensa. Además, el magistrado ha solicitado que se le informe quién ha tenido acceso a este documento, cuándo y con qué finalidad.
Engelmayer también ha requerido una base de datos completa que justifique por qué ciertas personas tuvieron acceso a la información.
Este caso fue impulsado tras una demanda presentada por grupos de derechos civiles en EE.UU. que buscan la publicación de esta justificación legal.
Demandas sobre la justificación legal de los ataques del Gobierno Trump
- Un juez ha solicitado un documento clave del Gobierno estadounidense en un plazo de 14 días.
- Más de 70 ataques han sido llevados a cabo desde septiembre de 2025, con al menos 230 muertos.
- El memorando del Departamento de Justicia analiza la autoridad del presidente para autorizar ataques letales.
- El caso fue abierto tras demandas de grupos de derechos civiles que buscan mayor transparencia.
