El proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, que no pudo ser aprobado en la pasada legislatura del Senado de la República, aún se encuentra fuera de la agenda del Congreso Nacional. Este proyecto, que busca revisar y actualizar la Ley 6132 vigente, fue enviado por el Poder Ejecutivo el 2 de mayo de 2025. Es el resultado del trabajo de un grupo de juristas y comunicadores, convocado por el presidente Luis Abinader en junio de 2022.
A pesar de su importancia, la ley no será discutida antes de la conclusión del ciclo de trabajo parlamentario ordinario, que finaliza el 26 de julio, lo que genera inquietudes sobre su futuro. Esto se debe a que, si el proyecto se reintroduce, deberá iniciar su proceso de aprobación desde cero. Con el tiempo en contra y las controvertidas implicaciones del texto, es poco probable que se logre su aprobación antes del cierre legislativo.
Además, tanto Ricardo de los Santos como Alfredo Pacheco, presidentes de las cámaras legislativas, no han incluido este proyecto en su lista de iniciativas prioritarias antes de julio. Generalmente, los legisladores tienden a rescatar propuestas previas que cuentan con apoyo popular. Sin embargo, esta no ha logrado generar el consenso deseado, lo que aumenta su probabilidad de ser desestimada nuevamente.
Controversia en torno al proyecto
Desde su llegada al Senado, el proyecto ha estado rodeado de polémica. Uno de los puntos más criticados es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que se considera por algunos como una herramienta necesaria para la regulación, mientras que otros lo ven como un posible mecanismo de control sobre los medios de comunicación.
El debate ha sido intenso y se ha extendido a diversos sectores, incluyendo a abogados, políticos, influencers y movimientos cívicos. Los temas principales giran en torno a la regulación de redes sociales y plataformas digitales, así como las preocupaciones sobre la protección de libertades fundamentales. En su artículo 34, el proyecto establece que el Inacom tendría la función de “proteger y promover” el derecho a la libertad de expresión, además de definir políticas públicas necesarias para su aplicación.
Falta de informe final de la comisión
A pesar de la conformación de una comisión en mayo de 2025 para estudiar el proyecto, esta no logró presentar un informe final, a pesar de las promesas. La comisión, presidida por Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro), se encontró en una situación complicada que puede haber influido en la falta de avance del proyecto.
En el Congreso también circulan otras dos iniciativas sobre libertad de expresión, aunque no se consideran reformas integrales. La primera es el “proyecto de ley sobre las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa”, presentado por la diputada Lidia Ester Pérez, y la segunda es la “modificación de la Ley No. 6132” a cargo del senador Eduard Espíritusanto. Sin embargo, ambas propuestas tienen pocas posibilidades de ser convertidas en ley en el tiempo restante.
Propuesta de una ley especial para redes sociales
Con el objetivo de abordar las críticas y preocupaciones, el 23 de junio de 2022, el presidente Abinader creó la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex). Esta comisión fue encargada de presentar un borrador de reformas a la Ley 6132. Tras el envío del proyecto al Congreso, surgieron tantas críticas que Namphi Rodríguez, coordinador de la Cclex, propuso retirar la sección que refiere a las redes sociales y tratarla por separado en una nueva ley, aunque esta propuesta fue rechazada en su totalidad.
Futuro incierto del proyecto de libertad de expresión
- El proyecto aún no ha sido reintroducido al Congreso Nacional.
- El Instituto Nacional de Comunicación genera controversia como posible instrumento de control.
- Otras iniciativas sobre libertad de expresión están en curso, pero son limitadas.
- La falta de un informe final de la comisión afecta el avance legislativo.
