La reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de restringir la publicación de encuestas electorales ha generado una división notable entre distintos sectores de la sociedad, incluyendo la clase política, periodística y jurídica.
Omar Fernández, senador de la Fuerza del Pueblo, ha adoptado una postura de acatamiento cauteloso respecto a esta normativa. Si bien respeta la resolución de la Junta, advirtió que las encuestas seguirán realizándose para consumo interno y como herramientas científicas que permiten medir el pulso social del país. “No hay que tener miedo a las encuestas; reflejan lo que se siente hoy. En base a ello, debemos trabajar”, enfatizó el legislador, subrayando que su uso privado continuará al margen de cualquier restricción sobre su publicación.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su secretario general, Johnny Pujols, reconoció la competencia de la JCE para tomar esta decisión. Sin embargo, criticó el momento en que fue anunciada. “Es sospechoso que esta regulación se realice cuando el partido perjudicado es el de gobierno”, afirmó Pujols. Además, argumentó que la regulación llega en un contexto donde las encuestas previamente habían impactado negativamente al partido oficialista sin que la Junta interviniera.
El abogado Manuel Fermín Cabral aportó un contexto jurídico relevante, explicando que la JCE actúa bajo la potestad reglamentaria que le concede el artículo 212 de la Constitución. Aseguró que el proceso se llevó a cabo de manera participativa y que la Junta justificó adecuadamente su decisión. Cabral citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional, destacando que la libertad de empresa y la libertad de expresión no son derechos absolutos, pudiendo ser regulados mientras se proteja su núcleo esencial. “La Junta no ha indicado que no se publicarán encuestas, solo ha establecido cuándo se pueden hacer”, aclaró el abogado experto en derecho administrativo.
Desde la perspectiva periodística, también se ha iniciado un debate. Aurelio Henríquez, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sostiene que las encuestas contratadas por los medios de comunicación deben ser publicadas. “Estas encuestas cumplen con el derecho de los ciudadanos a estar informados, un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Deben ser dadas a conocer sin regulación alguna, ya que lo contrario vulneraría el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento”, argumentó Henríquez.
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La resolución de la JCE se extiende más allá de lo que establece la Ley 20-23 del régimen electoral, cuya normativa señala una prohibición de difusión de encuestas solo en los ocho días previos a una elección. La Junta argumenta que la publicación de encuestas fuera del calendario electoral puede interpretarse como una forma de promoción política anticipada, lo que podría favorecer de manera indebida a aquellos que figuran en ellas.
Modificaciones en la regulación de encuestas electorales
- División notable entre la clase política, periodística y jurídica sobre la nueva normativa.
- Omar Fernández aboga por la continuidad de las encuestas en el ámbito privado.
- Johnny Pujols critica el timing de la restricción impuesta por la JCE.
- La resolución establece reglas más estrictas que las previstas en la Ley electoral actual.
