Santo Domingo, D. N.– La diputada por la provincia Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, presentó este miércoles un importante proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Esta propuesta modifica los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley núm. 74-25, que establece el Código Penal de la República Dominicana. La legisladora considera que la redacción actual de dichos artículos podría amenazar la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a criticar, denunciar y participar en debates públicos.
Con este paso, la diputada refuerza una agenda integral de protección a la libertad de expresión, que comenzó el pasado 6 de mayo con el sometimiento del Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa en el país.
Ambas iniciativas buscan un mismo propósito: asegurar que en la República Dominicana nadie sea perseguido penalmente por opinar, criticar o realizar periodismo. La primera iniciativa propone garantizar la libertad de expresión y prohibir la censura previa, mientras que la segunda corrige artículos del nuevo Código Penal que podrían dar lugar a sanciones penales por expresiones ciudadanas o críticas políticas.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentiras deliberadas debe enfrentarse a la justicia; quien comete acoso debe ser sancionado con firmeza. Sin embargo, la crítica y la labor de la prensa no son delitos; son fundamentales para el funcionamiento de la democracia”, afirmó la diputada Pérez durante la presentación del proyecto.
La legisladora enfatizó que su propuesta no busca eliminar sanciones contra conductas dañinas, sino más bien aclarar la ley para que esta castigue abusos concretos sin penalizar la opinión, sátira o denuncia de ciudadanos.
Entre las modificaciones propuestas se destacan las siguientes:
Fin de la prisión por difamación e injuria
Las reformas a los artículos 208 y 210 proponen reemplazar las penas de cárcel por multas y medidas de reparación proporcional. Además, se incluye un nuevo estándar que establece que para responsabilizar a alguien por una expresión dirigida a funcionarios públicos o asuntos de interés público, debe demostrarse que la imputación fue hecha a sabiendas de su falsedad o con desprecio evidente por la verdad.
Eliminación del ultraje a funcionarios como delito de expresión
La propuesta modifica los artículos 310 y 311, eliminando el tipo penal que permitiría castigar con prisión las expresiones contra funcionarios públicos. En su lugar, se introduce una infracción precisa para sancionar solo amenazas graves y concretas, protegiendo así la crítica política y el reclamo ciudadano.
Precisión de los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying
Las reformas a los artículos 121, 122 y 123 exigen una conducta reiterada, grave e injustificada, con un daño real y verificable. Se excluyen expresamente las opiniones y críticas sobre asuntos de interés público, manteniendo la protección de las víctimas reales. Se prevén penas de hasta cinco años cuando la víctima sea menor de edad o tras la difusión de contenido íntimo, y de hasta diez años si el acoso conduce a desenlaces fatales predecibles.
Además, las modificaciones a los artículos 209 y 309 establecen sanciones severas para la difamación extorsiva, especialmente si se comete usando redes coordinadas o cuentas falsas. Se asegura que las protestas pacíficas y las publicaciones en redes sociales no se utilicen como fundamento para la persecución penal indevida.
“No buscamos desmantelar el Código Penal, sino protegerlo de posibles abusos antes de que entre en vigencia”, agregó la congresista. Insistió en la necesidad de un Código Penal poderoso contra delitos, pero también claro en lo que respecta a la libertad de expresión.
La diputada citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha insistido en que los delitos de expresión no deben ser penados con prisión. También mencionó que el Ministerio Público dominicano ha establecido que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser despenalizada.
Junto con su proyecto, la legisladora presentó una matriz comparativa que muestra la redacción vigente, así como las modificaciones propuestas y su justificación jurídica. Este documento será accesible para partidos políticos, gremios periodísticos, universidades y ciudadanos interesados.
“Defender a las víctimas no debe significar silenciar a la ciudadanía. El país necesita normas claras: cárcel para quienes amenazan o acosan; y garantías para quienes opinan o informan”, concluyó Pérez.
Modificaciones importantes al Código Penal
- Eliminación de la prisión por difamación e injuria, substituida por multas.
- Eliminación del ultraje a funcionarios como delito punible.
- Clarificación de los delitos de acoso y ciberbullying, enfocándose en conductas graves.
- Protección de las expresiones y críticas, evitando sanciones por opiniones legítimas.
