Santo Domingo.- En el marco de la celebración del Día de la Tierra, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) ha hecho un llamado urgente para la rev actualización de la legislación que rige el sector minero. En una reciente presentación, la entidad destacó que la actual Ley 146-71 ha quedado obsoleta y es insuficiente para enfrentar los retos climáticos actuales y las garantías establecidas en la Constitución de 2010.
CAMIPE propone que la nueva legislación reconozca formalmente las “No-Go Zones” (zonas de exclusión), donde se prioricen la biodiversidad y la gestión del agua. Esta propuesta implica que el Estado, apoyado en estudios hidrogeológicos y criterios científicos sólidos, identifique áreas donde la actividad minera no debe realizarse.
“Conocer dónde no operar es tan esencial como identificar las áreas aptas para minería”, declaró Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE. “No estamos presentando solo una propuesta de buenas intenciones, sino una demanda basada en rigor técnico. Necesitamos que la ley habilite al Estado con herramientas efectivas para prohibir la minería en zonas definidas científicamente, integrando de manera cohesiva la Ley 64-00 de Medio Ambiente para asegurar la paz ambiental de las comunidades afectadas”.
Otro aspecto clave que CAMIPE destaca es la implementación de un modelo integral para el cierre de minas. La propuesta exige que la remediación ambiental sea una obligación financiera desde el inicio de la operación, implementando mecanismos públicos de asignación y seguimiento que garanticen su cumplimiento.
Desde la presidencia de CAMIPE, Pedro Esteva enfatizó que “la confianza de la ciudadanía se construye sobre bases sólidas”. Señaló la necesidad de establecer un sistema de garantías financieras irrevocables que aseguren la recuperación total de los ecosistemas, resaltando que el desarrollo sostenible de hoy no debe comprometer el patrimonio natural de las futuras generaciones.
La propuesta de CAMIPE busca abrir un debate nacional hacia soluciones estructurales, destacando que fortalecer las instituciones y fomentar la transparencia, mediante sistemas como el estándar EITI y la telemetría hídrica, son fundamentales para equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental que demanda el país.
“La minería responsable que representamos en CAMIPE es la primera interesada en la formulación de reglas claras y estrictas. República Dominicana necesita una legislación que no solo contemple el potencial mineral, sino que también garantice la protección del agua y los bosques, apoyándose en un rigor científico sólido”, concluyó Esteva.
Propuestas para la Transformación del Sector Minero en RD
- Revisión de la Ley 146-71 para enfrentar desafíos ambientales.
- Establecimiento de «No-Go Zones» para proteger biodiversidad y agua.
- Implementación de obligaciones financieras para la remediación ambiental desde el inicio de las operaciones.
- Promoción de un marco institucional transparente para armonizar el desarrollo económico y la conservación ambiental.
