SANTO DOMINGO – El diputado nacional por el partido Alianza País, Pedro A. Martínez M., ha presentado formalmente ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone derogar la Ley No. 57-96 y la Ley No. 50. El objetivo principal de esta iniciativa es eliminar el régimen de exoneraciones impositivas que permite la importación de vehículos de uso privado para los legisladores.
Martínez ha subrayado que, aunque el proyecto prevé que el Estado proporcione vehículos utilitarios oficiales a senadores y diputados, el enfoque central es poner un alto al dreno de recursos públicos. El legislador destacó que el sistema actual ha permitido la importación de vehículos de lujo y deportivos, incluyendo marcas como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini, que no concuerdan con la labor legislativa y que, en muchas ocasiones, terminan en manos de terceros no autorizados.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas, las exoneraciones fiscales otorgadas a legisladores y otros funcionarios han alcanzado un sacrificio fiscal de más de 3,690 millones de pesos en los últimos cinco años. Estos son recursos que el Estado ha dejado de percibir y que podrían ser redirigidos hacia áreas prioritarias como la salud, educación e infraestructura.
Aspectos destacados de la propuesta:
- Propiedad Estatal y Control: Los vehículos asignados serán de propiedad exclusiva del Estado dominicano y deberán portar una placa oficial identificativa con el cargo del legislador, lo que facilitará la fiscalización ciudadana.
- Devolución Obligatoria: Al finalizar su mandato o cesar en funciones, el legislador deberá devolver el vehículo en un plazo de cinco días hábiles. En caso de reelección, el automóvil solo será sustituido si presenta deterioro técnico.
- Transición Ordenada: Se establece un plan de dos fases que obliga al Congreso a presupuestar la compra de la flota con un año de anticipación a la toma de posesión, garantizando que el 100% de los legisladores cuente con su vehículo oficial en los primeros seis meses de su mandato.
- Régimen de Sanciones: La propuesta tipifica como peculado o malversación de fondos públicos cualquier intento de vender, ceder o arrendar el vehículo oficial, eliminando así el mercado secundario de beneficios estatales.
Al concluir, Martínez enfatizó que es momento de que el Congreso Nacional dé el ejemplo en la racionalización y eficiencia del gasto público. La propuesta busca sustituir un privilegio personal por una herramienta de trabajo regulada, transparente y adaptada a las necesidades de las demarcaciones que representan.
Iniciativa para Reformar las Exoneraciones Fiscales
- Derogación de leyes que permiten exoneraciones a legisladores.
- Vehículos oficiales eran utilizados para coches de lujo.
- Recursos públicos que podrían invertirse en salud y educación.
- Normas claras sobre propiedad y uso de vehículos oficiales.
