Denuncian que maquinarias pesadas irrumpieron de forma arbitraria en sus terrenos, destruyendo plantaciones de aguacate, cítricos y víveres.
Los afectados ya constituyeron un cuerpo de abogados para proceder legalmente ante los tribunales competentes.
En Polo, Barahona, propietarios de terrenos agrícolas de las comunidades de Los Arroyos, Bretón y Mazaco han decidido actuar legalmente contra la empresa Constructora COGUSA, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La situación ha tomado un giro crítico, ya que estas obras han causado severos daños a sus propiedades, afectando gravemente la producción agrícola en la región. Los productores han reiterado que nunca otorgaron autorización para que la empresa constructora accediera a sus terrenos.
«Sin contar con ningún tipo de permiso, maquinarias pesadas irrumpieron en nuestras propiedades, destruyendo por completo producciones de aguacates, cítricos y otros víveres esenciales para el sustento de nuestras familias», señalaron algunos afectados con indignación.
Acciones legales en marcha
Informes recientes indican que varios de los propietarios perjudicados han constituido un equipo de abogados. Actualmente, están preparando los documentos necesarios para presentar demandas contra las tres entidades mencionadas, exigiendo compensaciones por los daños sufridos y el respeto a su propiedad privada.
Los agricultores y miembros de la comunidad han hecho un llamado urgente a las autoridades competentes, instando a los organismos involucrados a asumir responsabilidad por los perjuicios causados. Han advertido que llevarán este proceso legal hasta sus últimas consecuencias.
Propietarios agrícolas anuncian acciones legales contra construcción de carretera
- La empresa COGUSA, el Ministerio de Obras Públicas y el BID están en el centro de la controversia.
- Clientes agrícolas señalan que no se otorgó permiso para la intervención de sus terrenos.
- Las maquinarias pesadas han causado daños significativos a cultivos de aguacate y cítricos.
- Se exige una compensación y se prevén acciones legales formales contra las instituciones involucradas.
