Santa María Nebaj vivió un cambio abrupto cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una orden judicial de desocupación en el hogar de Juana Santiago Chel, una anciana que había residido en la propiedad durante varias décadas.
Dicha orden fue solicitada por su propio hijo, Pedro Santiago López, en el marco de una disputa familiar sobre la propiedad, según confirmaron tanto vecinos como autoridades locales.
La diligencia estuvo marcada por el uso excesivo de la fuerza, incluyendo la retirada forzada de la señora, quien fue empujada, dejando sus pertenencias esparcidas en la calle. Este acto fue ampliamente documentado en imágenes y transmisiones en vivo de medios locales.
La reacción social fue inmediata, generando un fuerte rechazo y acusaciones de violación de derechos humanos. Testigos informaron que la hija de la anciana fue agarrada por agentes de la Policía Nacional Civil al intentar resistirse al desalojo, un acto que dejó a muchos consternados.
“Nadie merece ese trato, menos una persona mayor”, señalaron líderes comunitarios, expresando la indignación de la comunidad frente a la situación.
Las protestas se intensificaron en las horas siguientes. Decenas de habitantes y representantes de organizaciones comunitarias se agruparon frente a la sede judicial local, demandando la restitución de la propiedad a la señora Santiago y la suspensión del proceso judicial.
Al caer la noche, un grupo se trasladó a la residencia de la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, quien firmó la controvertida orden. Con consignas y en un acto de desesperación, los manifestantes irrumpieron en la propiedad y le prendieron fuego.
El inmueble sufrió daños considerables, pero, afortunadamente, no se reportaron víctimas, ya que la jueza fue evacuada de manera segura ante las amenazas inminentes.
La región Ixil se mantuvo bajo una atmósfera de tensión, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos militares reforzaron la seguridad en los accesos al municipio.
Organizaciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitaron una intervención urgente de las autoridades nacionales para prevenir nuevas agresiones y atender las necesidades de la afectada. “Es esencial investigar a fondo la actuación de las fuerzas de seguridad”, advirtió la PDH.
La señora Juana Santiago fue trasladada a un refugio temporal, donde actualmente recibe atención médica debido a un agravamiento de su salud tras el desalojo. Vecinos y miembros de organizaciones humanitarias se han sumado a su causa, pidiendo garantías para su bienestar.
El Ministerio Público ha anunciado la apertura de investigaciones tanto por los daños a la residencia de la jueza como por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo.
Por su parte, la Policía Nacional Civil emitió un comunicado en el que sostiene que actuaron conforme a la solicitud del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, cumpliendo con los protocolos establecidos y dentro del marco legal.
“La PNC es consciente de que este tipo de procedimientos puede resultar difícil para las familias involucradas. Por lo tanto, su actuación se limitó a ofrecer seguridad y apoyo a las autoridades competentes, siempre manteniendo un trato digno y respetuoso hacia todos los presentes”, indicaron en su comunicado.
Conflicto por la propiedad en Santa María Nebaj genera protestas
- Desalojo violento de Juana Santiago Chel causa indignación social.
- Las fuerzas de seguridad son acusadas de excesos y violaciones de derechos humanos.
- Protestas masivas demandan la devolución de la propiedad y la suspensión del proceso judicial.
- Investigaciones por irregularidades en el desalojo están en marcha por parte del Ministerio Público.