El siquiatra José Miguel Gómez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, ha señalado que en la República Dominicana no se están aplicando de manera adecuada los protocolos para la evaluación de imputados con problemas de salud mental. Esta afirmación surge en el contexto del caso de Jean Andrés Pumarol, un asunto que ha despertado gran preocupación en la sociedad.
Gómez destacó que la inimputabilidad dictada por el juez revela la falta de uso de los procedimientos establecidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y por la psiquiatría forense en el país. “Esto indica que los protocolos no se están siguiendo como corresponde”, afirmó durante su intervención en el programa Despierta con CDN.
El especialista enfatizó que cuando una persona con diagnóstico psiquiátrico comete un acto violento, la justicia debe solicitar una evaluación por parte del INACIF en un plazo no mayor de 72 horas. Esta evaluación debe ser realizada a través de la unidad de psiquiatría forense, la cual tiene la responsabilidad de determinar la condición del imputado.
“La justicia debe actuar rápidamente, pidiendo que los psiquiatras y los psicólogos forenses evalúen la condición psicótica del individuo, especialmente para verificar si estaba en un brote agudo de su enfermedad”, explicó Gómez. Esta evaluación es crucial para identificar si el imputado mostraba síntomas como delirios, alucinaciones o una incapacidad para comprender sus acciones y consecuencias en el momento del acto delictivo.
El psiquiatra aclaró que un brote psicótico se caracteriza por delirio, alucinaciones y alteraciones en el pensamiento, lo que puede llevar a conductas guiadas por percepciones distorsionadas. Gómez subrayó que estos diagnósticos son esenciales para que el juez pueda tomar decisiones informadas sobre el caso.
Además, señaló que, en caso de confirmarse un trastorno mental, el imputado debe ser dirigido hacia el sistema penitenciario donde deberá recibir atención psiquiátrica, tratamiento y seguimiento antes de considerar su liberación. “La unidad de psiquiatría forense produce un diagnóstico completo que incluye las valoraciones de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales”, agregó.
Gómez también criticó la falta de uso efectivo de la psiquiatría forense en el país, advirtiendo que esto genera decisiones desiguales en el ámbito judicial. A día de hoy, más de 500 internos padecen trastornos mentales en cárceles dominicanas, y persisten limitaciones en el acceso a atención de salud mental dentro del sistema penitenciario.
“La justicia continúa violando los protocolos establecidos, sin emplear adecuadamente la unidad de psiquiatría forense para estos casos”, remarcó. Además, mencionó que Roberto Santana, responsable del sistema penitenciario, ha afirmado que hay más de 500 enfermos mentales en las cárceles.
La falta de alineación en la aplicación de estos protocolos genera inquietud en la población, que cuestiona las decisiones aparentemente inconsistentes en el tratamiento de casos similares de salud mental. Un claro ejemplo es el caso de Ana Josefa García Cuello, quien fue arrestada por la muerte de su hija de seis años. A pesar de la gravedad de la situación, se le impuso 12 meses de prisión preventiva como medida cautelar.
Gómez subrayó que la sociedad exige un trato equitativo en el sistema judicial. “Existen casos en los que algunos reciben programas de tratamiento y otros permanecen en prisión, a pesar de contar con condiciones psiquiátricas similares”, expresó.
El especialista hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre el sistema judicial, el sistema penitenciario y las autoridades de salud mental, con el fin de asegurar un tratamiento adecuado y decisiones más justas en estos casos.
Evaluación de Imputados en Casos de Salud Mental
- Falta de aplicación adecuada de protocolos de salud mental en el sistema judicial.
- Necesidad de evaluaciones rápidas por parte del INACIF en casos de violencia.
- Más de 500 internos en cárceles dominicanas padecen trastornos mentales.
- Exigencia de un trato equitativo para imputados con condiciones similares de salud mental.
