PUNTA CANA. El crecimiento de Punta Cana es innegable, pero surgen interrogantes sobre cómo se gestiona ese éxito y quién es responsable de su ordenamiento.
Durante años, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur) ha desempeñado un papel crucial al promocionar el destino, atraer inversiones y propiciar un crecimiento sostenido.
Sin embargo, este impulso ha opacado otras responsabilidades esenciales, claramente establecidas en la Ley 541-69 de Turismo, que aboga por una planificación, regulación y coordinación del desarrollo turístico.
Punta Cana ha evolucionado para convertirse en una ciudad en rápida expansión, lo que evidencia la primera deficiencia en el cumplimiento de la ley. La normativa designa al Mitur como responsable de dirigir y organizar este desarrollo.
Lamentablemente, el crecimiento ha superado la planificación efectiva. Aunque se han anunciado diversos planes, no se han implementado adecuadamente, resultando en un área que se expande sin una lógica cohesiva, donde cada proyecto parece responder más a oportunidades aisladas que a una visión común.
La segunda responsabilidad del Mitur es el control. La ley le otorga la autoridad para autorizar y supervisar proyectos turísticos, implicando que ningún desarrollo significativo debería llevarse a cabo sin su aprobación. Esto convierte al Mitur en un filtro esencial para el crecimiento.
No obstante, este filtro ha demostrado ser permeable. Se han autorizado proyectos en contextos donde la infraestructura es insuficiente, como en áreas con carreteras limitadas o sistemas de saneamiento deficientes. El enfoque ha sido claro: construir primero y arreglar después.
A esta situación se añade un factor estructural que refuerza esta dinámica. Con la Ley No. 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, el Estado dominicano optó por incentivar la inversión turística a través de beneficios fiscales, especialmente en zonas con alto potencial. Esta estrategia ha sido clave para el despegue del sector, atrayendo capital, acelerando proyectos y posicionando al país como líder en la región.
Sin embargo, esta ley, diseñada para acelerar el crecimiento, requiere un equilibrio. Mientras la Ley 158-01 impulsa la expansión, la Ley 541-69 demanda organización. Desafortunadamente, en Punta Cana, este balance se ha perdido, con los incentivos superando a la regulación.
La coordinación, que representa la tercera función del Mitur, también exhibe debilidades. La ley faculta al ministerio para articular el desarrollo turístico con otras instituciones estatales, asegurando que el crecimiento venga acompañado de la infraestructura necesaria, como carreteras, agua y alcantarillado.
Sin embargo, esta coordinación no ha avanzado al mismo ritmo que el desarrollo. Entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados han progresado de manera lenta en sus funciones.
Y DE ESTA DISTORSIÓN SE DERIVA…
El impacto de estas fallas es palpable: aumento del tráfico en vías congestionadas, presión sobre los servicios básicos, expansión urbana desorganizada y deterioro en la imagen del destino. Aunque no se presenta un colapso inmediato, sin medidas correctivas, se vislumbra un desgaste progresivo.
Es crucial aclarar que, aunque el Mitur no está encargado de construir calles ni de instalar sistemas de agua, su función, definida por la ley, es evitar el desarrollo turístico en áreas donde no se garantizan las condiciones adecuadas.
Cuando se ignora esta directriz, el problema trasciende lo urbano y se convierte en un problema institucional.
Lo más relevante es que esta situación no se deriva de un vacío legal. En cambio, ocurre dentro de un marco normativo que contempla tanto el impulso como el control. La Ley 158-01 fomenta las condiciones para crecer, mientras que la Ley 541-69 establece las herramientas para ordenarlo. El verdadero desafío radica en la brecha entre ambos en cuanto a su aplicación.
Punta Cana se encuentra en una nueva etapa. Ya no es solo un polo emergente; es un destino consolidado que demanda gestión efectiva, más allá de la simple promoción. Esto implica que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana debe dejar de actuar únicamente como motor del crecimiento y asumir de manera plena su rol de regulador.
En turismo, el deterioro no ocurre de forma repentina; es un proceso acumulativo. Cuando se hace evidente, ya no se trata solo de atraer más inversión, sino de corregir lo que no se organizó a tiempo.
Desafíos en el Ordenamiento Turístico de Punta Cana
- La planificación del crecimiento turístico ha sido ineficiente.
- Las aprobaciones de proyectos muchas veces se realizan sin la infraestructura necesaria.
- La coordinación con otras entidades gubernamentales es insuficiente.
- Punta Cana requiere un enfoque de gestión integral para evitar el deterioro progresivo del destino.
