Frank Strada, comisionado del Departamento de Correccionales de Tennessee, renunció al cargo este sábado 3 de octubre, tres días después del fallido intento de ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a la administración de dos dosis del fármaco letal pentobarbital.
La salida de Strada fue anunciada por el gobernador republicano Bill Lee, quien informó que el funcionario dejará formalmente sus funciones durante este mes. La renuncia se produce mientras las autoridades estatales mantienen abierta una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento realizado en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville.
En un comunicado, Strada afirmó que considera que apartarse del cargo es lo mejor para los habitantes de Tennessee mientras avanza la investigación. El funcionario también respaldó la revisión independiente, al señalar que espera colaborar para esclarecer las circunstancias que provocaron el fallo durante la ejecución.
Pike, de 50 años, recibió las dos dosis de pentobarbital el pasado miércoles 30 de septiembre, pero no murió tras la administración de los fármacos. Según sus abogados, la mujer comenzó a toser y a forcejear aproximadamente una hora después de la primera dosis y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde permanece inconsciente y con asistencia respiratoria.
Tennessee acumula varios fallos en procedimientos de ejecución
El caso ha generado cuestionamientos debido a que el procedimiento de Pike fue señalado como el quinto intento de ejecución fallido bajo la supervisión de Strada desde 2022, considerando su trayectoria en dos estados. Antes de llegar a Tennessee, el funcionario había ocupado un cargo en el sistema penitenciario de Arizona, donde entre 2020 y 2022 estuvo involucrado en la preparación y supervisión de equipos de ejecución y en la adquisición de los fármacos utilizados para estos procedimientos.
Además, el caso de Christa Pike representa un hecho sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, al tratarse de una persona condenada a muerte que sobrevivió a la administración de los fármacos dentro de una cámara de ejecución. La situación ha provocado nuevas críticas de abogados defensores y organizaciones que cuestionan los procedimientos utilizados por el estado para aplicar la pena capital.
