Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados han demandado este martes por separado al Gobierno del presidente Donald Trump. Esta acción legal surge a raíz de la controversia por el uso de fondos públicos para deshacer contratos de producción de energía eólica, en medio de la campaña del presidente en favor de los combustibles fósiles.
El fiscal de California, Rob Bonta, anunció un segundo litigio que busca anular un acuerdo que el Gobierno de la Casa Blanca firmó, el cual establece el pago de más de 111 millones de dólares a Invenergy a cambio de abandonar su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, ubicada frente a la costa central de California.
La demanda alega que el acuerdo, firmado en junio, por parte del Departamento del Interior (DOI), obliga a las filiales de Invenergy a invertir la misma cantidad en proyectos relacionados con los combustibles fósiles o geotermia fuera del estado.
“En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura”, declaró Bonta en un comunicado que pone de relieve la preocupación por el impacto de estos acuerdos.
Esta demanda representa la segunda acción legal que el estado dorado ha tomado en contra de los bloqueos a la energía eólica en Morro Bay.
Desarrollo de Proyectos Eólicos en la Mira
Los tribunales federales también decidirán sobre otra demanda, liderada por Nueva York, que junto con otros siete fiscales generales, busca bloquear dos acuerdos de la Administración Trump. Estos acuerdos otorgarían a las compañías energéticas 1.400 millones de dólares de fondos públicos a cambio de la cancelación de cuatro proyectos eólicos marinos con las empresas Bluepoint Wind y Invenergy.
“El plan ilegal de la administración Trump de sobornar a las empresas para que renuncien a los proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos es un abuso indignante de los fondos públicos”, afirmó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado. Esta reclamación resalta la seriedad del potencial daño al desarrollo energético sostenible.
Los proyectos cancelados en Nueva York se esperaba que aportaran más de 16.000 millones de dólares al estado y generaran más de 2.800 nuevos empleos, lo que enfatiza la magnitud de las repercusiones económicas de estas decisiones.
Los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se unieron a la demanda presentada por Nueva York, solidificando un frente común en defensa de las energías renovables.
Sin embargo, estos no serían los únicos proyectos afectados por la cruzada de la Casa Blanca contra el desarrollo de energías limpias. A principios de agosto, el Ejecutivo acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamientos en las costas de California, Nueva York y Luisiana.
Estados Unidos y el Futuro de la Energía Eólica
- Gobierno de Trump demandado por usar fondos públicos para deshacer contratos de energía eólica.
- California y Nueva York lideran acciones legales en defensa de las energías renovables.
- Proyectos de energía cancelados podrían generar más de 16.000 millones de dólares e 2.800 empleos.
- Otros estados se suman a las demandas contra la administración actual por sus políticas energéticas.
