El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida se toma bajo la percepción de que dicho organismo ha mostrado un sesgo al concentrar su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, expresó en un comunicado publicado en X: «Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
Además, Plasencia mencionó que, por orden de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Reiteró que el sesgo de la CPI no es una simple coincidencia, sino el resultado de una institución que opera al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger.
«Por eso, rechazamos esta dimensión de lawfare que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», subrayó el canciller, reafirmando el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa.
Conflictos Históricos entre Venezuela y la CPI
En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, aprobó por unanimidad una ley que revocó la adhesión del país al Estatuto de Roma. Según el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, este acto tenía el objetivo de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.
Este movimiento se produjo después de que la Fiscalía de la CPI anunció el 1 de diciembre el cierre de su oficina técnica en Caracas, señalando una falta de «progreso real» en la cooperación con Venezuela, que requería investigaciones internas sobre los crímenes denunciados.
Rodríguez afirmó que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos, pero solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano». A pesar del cierre de la oficina, la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece activa y se llevará a cabo desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 tras una remisión de varios países. El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, actualmente preso en EE.UU., intentó en diversas ocasiones frenar el caso, alegando que su sistema judicial estaba realizando investigaciones. Sin embargo, la Corte rechazó esta posición en 2023, autorizando la reanudación de las pesquisas relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Decisión Controvertida de Venezuela sobre la CPI
- Venezuela denuncia el Estatuto de Roma y se retira de la CPI.
- El canciller Félix Plasencia critica el sesgo de la corte hacia países africanos y latinoamericanos.
- La presidenta encargada Delcy Rodríguez notifica al secretario general de la ONU.
- La CPI mantiene activa la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
