Aspirantes del CARD exigen creación de Comisión Nacional Electoral

El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Jhonny Aristy Tejeda, ha solicitado la convocatoria inmediata de una reunión que reunirá a los aspirantes y diferentes corrientes gremiales. El objetivo de esta reunión es consensuar la integración de la Comisión Nacional Electoral, el organismo encargado de organizar las elecciones del gremio que están programadas para el 5 de diciembre de 2026.

La petición fue dirigida al presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, y cuenta con el apoyo de los otros candidatos: Joaquincito Bocio Familia, Tomás Valoy Cordero y José Rafael Medrano Santos. Aristy destacó que la conformación de esta comisión es esencial para cumplir con los artículos 34 y 35 de la Ley 3-19, los cuales establecen la realización de elecciones cada tres años y la designación de la Comisión Nacional Electoral por medio de una Asamblea General.

El aspirante enfatizó que retrasar la integración de este organismo sería perjudicial, ya que representa una garantía para la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral. Asimismo, subrayó que la comisión debe estar compuesta por profesionales del derecho con independencia, solvencia moral e imparcialidad, asegurando así igualdad de condiciones para todos los candidatos.

Aristy notificó que ha dado un plazo de siete días para recibir una respuesta institucional a su solicitud. Si no se obtiene una contestación o se incumple con este proceso, los firmantes han advertido que procederán con las acciones legales correspondientes para exigir el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los abogados, así como la institucionalidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Convocatoria para la Comisión Nacional Electoral

  • Jhonny Aristy Tejeda solicita reunión con aspirantes y corrientes gremiales.
  • La Comisión Nacional Electoral es clave para las elecciones de 2026.
  • Se enfatiza la importancia de la transparencia y legitimidad del proceso.
  • Se da un plazo de siete días para respuesta institucional.

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