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Una jueza ha ratificado el arresto domiciliario del coronel Andrés Pacheco, quien es acusado de corrupción administrativa en el marco de la Operación Lobo. Esta decisión responde a una solicitud del Ministerio Público, que subraya la gravedad de los delitos cometidos y el riesgo de fuga que podría representar el imputado.
La fiscal Rosa María Pichardo, al salir del tribunal del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, señaló que el coronel presenta un peligro considerable, ya que su libertad podría obstaculizar las investigaciones en curso relacionadas con una red de sobornos que involucra a numerosos militares y civiles.
Los fiscales Rosa María Pichardo, Elizabeth Paredes y Yoneivy González argumentaron ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, que mantener al coronel Pacheco en arresto domiciliario era esencial para asegurar el avance del caso.
La Operación Lobo fue diseñada para desmantelar una compleja red de corrupción que ha afectado a varias instituciones del Estado, incluyendo el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia, la medida de restricción fue confirmada tras ser desestimadas las solicitudes del acusado. Además, el teniente Wellington Peralta Santos, involucrado en el caso, obtuvo un permiso del tribunal.
Entre los acusados en esta investigación se encuentran altos oficiales militares y civiles, quienes enfrentan múltiples cargos que incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Estos delitos están enmarcados en varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos.
Medidas de Coerción y Casos de Corrupción
- El coronel Andrés Pacheco sigue bajo arresto domiciliario tras decisión judicial.
- El Ministerio Público argumenta riesgo de fuga y obstaculización de investigaciones.
- La Operación Lobo desmantela una red de corrupción que incluye a varios oficiales y civiles.
- Los imputados enfrentan severos cargos según el Código Penal dominicano y leyes anti-corrupción.
