La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó este viernes que el Ministerio Público ha presentado pruebas sólidas para sustentar la acusación de corrupción administrativa en contra de Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados. Según su declaración, estos individuos serán llevados a juicio de manera indiscutible.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la claridad y contundencia de las pruebas aportadas durante la audiencia preliminar, la cual se desarrolló en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Al salir del juzgado, se dirigió a la prensa y mencionó que las defensas intentaron crear confusión, intentando enredar al tribunal y a los medios con insinuaciones infundadas y sin respaldo probatorio.
Además, la procuradora sostuvo que el Ministerio Público ha demostrado todas y cada una de las imputaciones en contra de Hugo Beras, Gómez Canaán, y todos los acusados involucrados.
Ortiz agregó que ninguna de las defensas hizo énfasis en los mensajes de WhatsApp que validan las afirmaciones del Ministerio Público, quienes señalan que la licitación había sido previamente adjudicada a José Gómez Canaán antes de iniciar el proceso de contratación.
La procuradora enfatizó que estas acciones constituyen un esquema de defraudación al Estado dominicano, dado que las decisiones se tomaron con intenciones de favorecer a un proveedor en detrimento de la transparencia y a cambio de beneficios económicos.
“Esto es lo que ha evidenciado el Ministerio Público en esta audiencia, lo que indudablemente conducirá a un auto de apertura a juicio”, comentó.
En esta audiencia, Ortiz fue acompañada por los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, quienes también forman parte de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que se emita un auto de apertura a juicio contra todos los acusados, y la jueza Yanibet Rivas ha pospuesto su fallo para el 5 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Entre los procesados destacan Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S. También se incluyen otros imputados como Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
Sumado a estas personas, están involucrados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho, y Carlos José Peguero Vargas, entre otros.
Las entidades jurídicas acusadas en este caso son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L., y Dekolor S.R.L.
A lo largo de la investigación, el Ministerio Público ha revelado la existencia de múltiples tipos de irregularidades, que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafas al Estado, sabotaje tecnológico, y lavado de activos. Estos actos se habrían cometido principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El informe sugiere que a través de contratos y acuerdos inadecuados con empresas como Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., y Transcore Latam S.R.L., se accedió de manera privilegiada a estas empresas que supuestamente desviaron fondos públicos y facilitaron operaciones de lavado de activos, comprometiendo los principios de transparencia y legalidad administrativa.
El núcleo central de este esquema sería José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene relaciones comerciales y operativas con las empresas mencionadas. Su gestión ha creado un entramado delictivo que juega un papel crucial en la estafa contra el Estado y el lavado de activos, además de comprometer infraestructuras críticas del país.
Avances en el Caso de Corrupción Administrativa
- El Ministerio Público ha probado la acusación de corrupción administrativa.
- Las pruebas incluyen mensajes de WhatsApp que respaldan las alegaciones.
- La audiencia se llevará a juicio tras solicitud del Ministerio Público.
- Se identificaron múltiples irregularidades en la gestión pública relacionada.
